El Ministerio de Exteriores de España ha apuntado que los acuerdos entre España y el Reino Unido sobre la relación con Gibraltar tras el «Brexit» están «prácticamente cerrados», pero si finalmente la UE y Londres no llegaran a un acuerdo, todo lo pactado decaería y quedaría reducido poco menos que a papel mojado.
Podría ser que se firmaran todos los memorándum acordados, pero que nunca llegaran a entrar en vigor si finalmente las negociaciones entre la UE y Reino Unido no llegan a buen puerto, explican fuentes diplomáticas cercanas al equipo negociador español.
No obstante, las fuentes se muestran convencidas de que finalmente habrá acuerdo con el Reino Unido, ya que «en Gibraltar no pueden sobrevivir sin buenas relaciones con España y sin libre circulación», dicen.
Las fuentes precisan que lo que se conoce popularmente como el «acuerdo sobre Gibraltar» es en realidad un paquete de acuerdos.
Así, hay un protocolo inicial que establece las condiciones generales y principios básicos de la separación del Reino Unido y que debe ser firmado por la UE y el Gobierno británico.
A eso se suman cuatro memorándum que detallan cómo será el proceso de relación posterior entre España y Gibraltar y que deberán ser firmados por España y el Reino Unido.
El primero de ellos se refiere a los derechos de los ciudadanos, que son muy dispares, en especial de los «en torno a 25.000 trabajadores transfronterizos».
Otro memorándum, que se centra en cuestiones de medio ambiente, establece que Gibraltar renuncia a la práctica de ganar terrenos al mar a base de bloques de hormigón, se compromete a instalar una depuradora y a dejar de tirar sus desechos al mar, y no pondrá problemas a la pesca y expediciones científicas en la zona.
También está «cerrado» el acuerdo sobre cooperación policial y aduanera, dos asuntos en los que España asegura que hay «voluntad de cooperación».
El cuarto informe detalla la voluntad de controlar el contrabando de tabaco avanzando en la homologación de los precios con el objetivo de acabar con una situación de privilegio que tiene serias consecuencias para la seguridad de la zona, especialmente por la aparición de redes de traficantes.
Cuando España entró en la UE, en 1986, se estableció la libre circulación pero manteniendo todas las ventajas fiscales de las que gozaba Gibraltar.