La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha estimado que no ajustar el IRPF por inflación ha resultado en un aumento del 30% en la cuota del impuesto para una familia de cuatro miembros con ingresos brutos de 50.000 euros. Además, los efectos son aún más significativos en términos proporcionales para las rentas más bajas.
En su informe más reciente, Fedea ha examinado los efectos de no ajustar por inflación la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF, que no se han modificado desde 2015.
Dado que la inflación acumulada desde 2015 es de casi el 27%, la falta de actualización ha provocado un aumento «muy significativo del impuesto mediante un procedimiento poco transparente para los ciudadanos», según ha señalado la Fundación.
Los expertos han señalado que la inflación provoca un aumento en la renta monetaria de los contribuyentes, sin que su poder adquisitivo mejore. Esto los lleva a tramos superiores de la escala de gravamen, donde se aplican tipos impositivos más altos, aunque su renta real no haya cambiado.
REFORMA DE LA LEY DEL SUELO Y AGENCIA DE SALUD PÚBLICA
En su informe, Fedea también ha analizado la falta de aprobación de la reforma de la ley del suelo para evitar retrasos innecesarios en la construcción de vivienda y de la creación de una Agencia de Salud Pública considerada esencial para mejorar la respuesta a posibles futuras pandemias.
Para la Fundación, el «fracaso» de ambos proyectos pone de manifiesto la incapacidad de los representantes políticos, y en particular de los dos grandes partidos centrales, PSOE y PP, para llegar a acuerdos incluso en cuestiones de interés general en las que no hay diferencias sustantivas entre ellos. «Por el bien del país, ambos deberían recapacitar», han instado los expertos.
Por un lado, Fedea considera que la reforma de la ley del suelo, o más bien las razones que la hacen necesaria para acortar los largos plazos de construcción de vivienda, se debe en parte a la frecuente paralización de la actividad urbanística e inmobiliaria en barrios o incluso ciudades enteras ante la anulación del correspondiente plan urbanístico.
El origen del problema, según la Fundación, tiene que ver con el estatus legal de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que en España se consideran normas legales con rango de reglamento en lugar de meros actos administrativos. Como tales, están sujetos a control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con un rígido régimen legal que termina generando una notable inseguridad jurídica en el ámbito inmobiliario.
Otro proyecto preocupante, según Fedea, es la trasposición de una directiva europea sobre las obligaciones de información de las empresas en materia de «sostenibilidad.» Este concepto se interpreta en la directiva en un sentido extraordinariamente amplio que, además de cuestiones medioambientales, incluye temas sociales, de personal y de gobernanza, así como la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción y el soborno.
Para cada una de estas cuestiones, el texto exige a todas las empresas de un tamaño no demasiado elevado (de más de 250 empleados, en el mejor de los casos) que presenten un detallado informe que recoja, por un lado, como afectan a su negocio las cuestiones de «sostenibilidad» y, por otro, el impacto de las actividades de la propia empresa y de su cadena de valor sobre la sostenibilidad y otros objetivos sociales, incluyendo sus planes detallados para contribuir a alcanzarlos.
