La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha expresado su «total rechazo» ante el nuevo criterio y la modificación del procedimiento de devolución del IRPF a pensionistas mutualistas. Este cambio, introducido en la Ley 7/2024 del 20 de diciembre, deja sin efecto el procedimiento iniciado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el año pasado.
Desde la perspectiva de la PMP, este cambio constituye «un grave atentado contra los derechos adquiridos» y provoca una «profunda inseguridad jurídica y económica» para las «numerosas» personas contribuyentes que presentaron sus solicitudes «en plazo y forma» según las instrucciones de la AEAT.
A principios del año pasado, la Agencia Tributaria, basándose en varias sentencias judiciales, reconoció el derecho de las personas pensionistas a reducir un porcentaje de su base imponible de IRPF por las cotizaciones hechas a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978.
Según la plataforma, esto permitía una devolución del 25% de la parte correspondiente de la pensión, y para las cotizaciones anteriores a 1967, el porcentaje aumentaba al 100%.
A este fin, la AEAT habilitó un formulario para que las personas pensionistas solicitaran la rectificación de las declaraciones de IRPF de los ejercicios de 2019 a 2022.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas ha denunciado que la Ley 7/2024 cambió los términos de reclamación, anulando las solicitudes no resueltas antes del 22 de diciembre de 2024. Como resultado, las personas afectadas deben presentar reclamaciones anuales entre 2025 y 2028, dentro de los plazos de la declaración del IRPF, lo que representa un perjuicio significativo para la mayoría.
LA DISPOSICIÓN FINAL DECIMOSEXTA DE LA LEY 7/2024
La PMP ha denunciado que se ha «inducido» a las personas contribuyentes a «actuar de una manera concreta» para, posteriormente, «invalidar» sus acciones mediante la aplicación «retroactiva y restrictiva» de la Disposición Final Decimosexta de la ley aludida.
De acuerdo con la organización, la disposición «afecta y atenta» contra derechos individuales «previamente reconocidos y adquiridos» por la propia Administración Pública, producto de «numerosas» sentencias jurisdiccionales.
Asimismo, la plataforma también ha señalado que se produce «una clara discriminación entre las personas contribuyentes en idéntica situación, reconociendo un derecho a unas y no a otras», cambiando de criterio una vez iniciado el procedimiento y generando un «agravio comparativo» que produce «desigualdad» en su aplicación.
Para la PMP, la anulación de todas las solicitudes de devolución del IRPF pendientes retrasa dichas devoluciones en «al menos cuatro años», lo cual denota una «falta de sensibilidad y edadismo institucional por parte de la Administración Pública y el Gobierno».
«Para las personas afectadas, reiniciar el proceso y fraccionar las devoluciones en cuatro ejercicios añade incertidumbre y trámites burocráticos innecesarios, ya que se trata de información que ya obra en poder de la Administración, con el agravante de que afecta principalmente a personas que ya tienen, en muchos casos, edades muy avanzadas», ha puntualizado la PMP.
En este sentido, la plataforma ha recalcado que «hablar de años en plazos» para realizar una gestión puede significar no llegar a realizarla para un grupo de contribuyentes «especialmente vulnerable», el cual podría «no llegar a percibir nunca la devolución que les corresponde».
RESTAURACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, IGUALDAD DE TRATO Y ACCESO
En este contexto, la PMP ha instado al Ministerio de Hacienda a «rectificar este injusto criterio» y a que «encuentre una solución a la mayor brevedad posible», de manera que se restauren los principios de equidad, igualdad de trato y de acceso para el conjunto de las personas contribuyentes que se encuentran en dicha situación, teniendo en cuenta la perspectiva de edad, «intrínseca a este grupo social afectado».
A su vez, la PMP se ha sumado a la acción del Defensor del Pueblo y a las reclamaciones realizadas por los sindicatos, además de «tomar la determinación» de iniciar contactos con el Gobierno para que se repare el daño generado y se ponga fin a «la clara situación de indefensión jurídica a la que se han visto empujadas, de manera arbitraria, las personas contribuyentes afectadas».
