Esta reunión con Iberdrola se celebra apenas diez días después de que las autoridades bolivianas mantuviesen un encuentro con Red Eléctrica de España (REE) para abordar la expropiación en mayo de Transportadora de Electricidad (TDE).
En el caso de Iberdrola, la empresa reclama al Gobierno boliviano un precio justo por los activos expropiados, cuyo valor podría rondar los 100 millones de dólares (75 millones de euros), según fuentes financieras.
El decreto de expropiación aprobado por el Gobierno boliviano detalla que en el plazo de seis meses se realizará el pago de la indemnización correspondiente a la compañía española, una vez valorados los activos por una firma independiente.
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tiene además la posibilidad de reclamar ante los tribunales internacionales una compensación por las filiales expropiadas, que son Electropaz, Elfeo, Edeser y una sociedad de inversiones.
En caso de iniciar esta reclamación internacional, la compañía debe remitir como paso previo una notificación en la que explicite sus intenciones y conceda seis meses a las negociaciones antes de la presentación de cualquier demanda.
La actividad de Iberdrola en Bolivia apenas representa el 0,2% de su negocio y no forma parte de los entornos altamente estratégicos de la compañía en Iberoamérica, que se concentran en México y en Brasil.
En todo caso, la compañía ha insistido en que debe obtener «el valor real»de las filiales expropiadas por Evo Morales, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
La propiedad de las cuatro empresas nacionalizadas es de Iberbolivia, un ‘holding’ en el que Iberdrola tiene una participación del 64%, mientras que el 36% restante está en manos de un fondo de inversión en el que participan, entre otros, General Electric y Ericsson.
A través de Iberbolivia, Iberdrola posee el 89,5% de las acciones deElectropaz y otro 10% pertenece al Santander, mientras que la eléctrica española controla el 92,8% de Elfeo y el resto está en manos de accionistas minoritarios.