Chile invalida acuerdos sobre HidroAysén

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El Gobierno de Chile ha decidido invalidar acuerdos del anterior Ejecutivo sobre el megaproyecto energético HidroAysén, en la Patagonia, y anunció que se pronunciará sobre el asunto en un plazo de 60 días.

HidroAysén es un polémico proyecto que contempla la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén, en el sur de Chile.

El proyecto de representa una inversión de 3.200 millones de dólares (2.300 millones de euros), se encuentra paralizada debido a 35 reclamaciones medioambientales.

El 11 de marzo, la nueva presidenta Michelle Bachelet asumió la presidencia de manos de Sebastián Piñera, quien había resuelto la mayoría de las reclamaciones medioambientales en una reunión ministerial celebrada en enero.

Un comité de ministros del nuevo Gobierno de Michelle Bachelet resolvió hoy invalidar los acuerdos alcanzados el pasado 30 de enero. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó hoy que se invalidará la resolución de la reunión de enero pasado porque tiene “vicios de ilegalidad”.

“Estimamos que lo pertinente es que los recursos de reclamación puedan verse integralmente, creemos que con esta decisión las materias reclamadas vuelven a su cauce institucional”, dijo Badenier.

“En el plazo legal de 60 días este comité de ministros se pronunciará sobre el fondo de las materias reclamadas de manera integral y simultánea como corresponde de acuerdo a la ley”, agregó.

El proyecto HidroAysén aportaría 2.750 megavatios al Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de electricidad al centro y sur del país, con una capacidad de generación media anual de 18.430 gigavatios.

La administración de Hidroaysén está a cargo de una sociedad anónima constituida por las empresas generadoras de electricidad más grandes del país: ENDESA y Colbún S.A., cuya participación en la sociedad es de un 51% y 49% de las acciones, respectivamente.

Las centrales obtuvieron su aprobación medioambiental en 2011, pero la fuerte oposición de grupos ciudadanos y ambientalistas, que han interpuesto innumerables recursos judiciales y administrativos contra el proyecto, determinaron que fuera el gobierno el que adoptara la decisión final a través del Comité de Ministros.

Este consejo está integrado por los titulares de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

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