El crecimiento del alquiler turístico en España está teniendo efectos directos sobre el mercado residencial y sobre la configuración social y comercial de numerosos barrios, especialmente en las grandes ciudades y destinos turísticos. Así lo advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que alerta de que la expansión de viviendas destinadas a plataformas como Airbnb está reduciendo la oferta disponible para alquiler tradicional y contribuyendo al encarecimiento de precios.
Según el análisis difundido por la fundación, el trasvase de inmuebles desde el mercado residencial hacia el uso turístico genera una tensión adicional en zonas donde la demanda ya es elevada. En estos entornos, la menor disponibilidad de vivienda permanente dificulta el acceso para residentes habituales, en particular jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
El informe apunta a que el fenómeno no solo impacta en los precios, sino también en la estructura urbana. En barrios con alta concentración de alojamientos turísticos se observa una progresiva sustitución del comercio de proximidad por negocios orientados al visitante, así como una mayor rotación de población. Este proceso, señalan los expertos, puede alterar la cohesión vecinal y modificar la identidad de determinadas zonas.
Fedea subraya que el debate sobre el alquiler turístico debe abordarse desde una perspectiva integral, combinando información rigurosa, coordinación institucional y regulación eficaz. A su juicio, la fragmentación competencial entre administraciones dificulta una respuesta homogénea y favorece la aparición de vacíos normativos.
En este contexto, la fundación plantea la necesidad de reforzar los sistemas de registro y supervisión de las viviendas turísticas para mejorar la transparencia del mercado. También considera prioritario evaluar con datos actualizados el impacto real de estas modalidades de alquiler en cada ciudad, dado que la incidencia varía en función del peso del turismo y de la situación del parque inmobiliario local.
El estudio reconoce que el alquiler turístico aporta ingresos adicionales a propietarios y dinamiza la actividad económica en determinadas áreas. No obstante, advierte de que, sin mecanismos adecuados de control, su crecimiento puede intensificar los desequilibrios existentes en el acceso a la vivienda.
Asimismo, Fedea señala que las políticas públicas deben evitar enfoques simplistas y apostar por soluciones equilibradas que compatibilicen la actividad turística con el derecho a la vivienda. Entre las posibles medidas, menciona la delimitación de zonas tensionadas, límites a nuevas licencias en áreas saturadas y una mayor cooperación entre ayuntamientos y comunidades autónomas.
El debate sobre el impacto de plataformas como Airbnb se produce en un momento de especial sensibilidad en el mercado inmobiliario español, marcado por el aumento de precios y la escasez de oferta en los núcleos urbanos más demandados. En este escenario, el informe de Fedea vuelve a situar el foco en la necesidad de políticas coordinadas que permitan preservar el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad residencial.
La fundación concluye que el reto no consiste en prohibir de forma generalizada el alquiler turístico, sino en gestionarlo de manera que no comprometa la estabilidad de los barrios ni agrave las dificultades de acceso a la vivienda para la población residente.
