UGT ha vuelto a reiterar la necesidad de implantar un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales ante el alza del IPC, que cerró el mes de octubre en el 2,3% interanual, y dada la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que han pagado el precio de la crisis con pérdidas de empleo, derechos laborales y devaluación salarial.
Para UGT, resulta «evidente» que la formación de precios de la electricidad en España necesita una modificación en su regulación, ya que se trata de un bien de primera necesidad y no se puede permitir que su precio «originado por una regulación ventajosa» atienda «tan excesivamente» a la obtención de beneficios de los grandes productores.
En cuanto a los precios de los carburantes para el transporte, el sindicato denuncia que hay unos márgenes «claramente más altos» en este sector cuando se compara a España con la media de la Unión Europea, por lo que también reclama al Gobierno que actúa en esta actividad.
«Mientras que el IPC crece desde mayo a ritmos superiores al 2%, los salarios negociados en convenio lo están haciendo en el entorno del 1,6%. A pesar de que luego haya que contemplar el año en su conjunto, claramente puede decirse que este año no va a producirse una clara mejora del poder adquisitivo que compense las perdidas tan elevadas de años anteriores», afirma UGT.
Por ello, asegura que la evolución de los precios y de los salarios refleja la «necesidad urgente» de aplicar las medidas contenidas en el pacto salarial del Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, ya que en momentos de crecimiento económico, no tiene sentido que los salarios continúen perdiendo poder adquisitivo y que el empleo creado alcance las mayores cotas de precariedad.
Esta misma semana, los sindicatos UGT y CCOO han roto la negociación del convenio colectivo de AERTE para empresas que gestionan residencias públicas de la Tercera Edad y el SAD. El motivo principal que ha llevado a esta ruptura es la negativa de AERTE a subir los salarios.
Desde 2010 hasta la actualidad, los incrementos han sido solo del 1,6% mientras que el IPC ha subido un 7,3%, esto supone que los trabajadores y trabajadoras han tenido una pérdida de poder adquisitivo de casi un 6%. Así mismo, cada vez que el personal de mermada su capacidad económica, las empresas han realizado bajadas en las licitaciones que están vigentes del 15,16% de media.
CCOO y UGT reclaman que se alcance la máxima calidad en un servicio que es vital para las personas mayores y/ dependientes, para lo que es fundamental la dignificación del sector y no su precarización.