Iberdrola pide una indemnización por la central de Arcos de la Frontera

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Iberdrola pide una indemnización por la central de Arcos de la Frontera

La empresa eléctrica Iberdrola reclamará al Gobierno “los daños y perjuicios” derivados de la infrautilización de la central de Arcos de La Frontera en Cádiz, ante la prohibición de cierre decretada por el Ministerio de Industria.

La eléctrica advierte que la prohibición de cierre está ligada “a razones de interés general que escapan absolutamente del control de Iberdrola”. La compañía recuerda que su petición de cierre de la central, solicitada en julio de 2013, se sustenta en su ejercicio de libertad de empresa recogido en la Constitución.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, la prohibición del cierre se realizó conforme a un informe de Red Eléctrica, operador del sistema, que advertía de posibles problemas en el suministro eléctrico en la zona si se desmantelara el grupo 3 de Arcos de la Frontera.

Iberdrola señala deficiencias e inconsistencias en el informe elaborado por el operador del sistema, y pide que clarifique cuáles son los riesgos para la cobertura. La eléctrica también recuerda que las paradas de Arcos y Campo de Gibraltar podrían ser compensadas con otras instalaciones próximas situadas en Los Barrios, San Roque y Algeciras.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez-Galán indica en su informe que, en el caso de que se ratificara la denegación de la solicitud, Industria debería comunicarle la reanudación de la instalación de Campo de Gibraltar cuando ésta se produzca para solicitar, «si a su derecho conviniera», el cierre del grupo 3 de Arcos. Iberdrola demanda además prioridad ante las hipotéticas solicitudes de cierre en la zona, que podrían producirse en el futuro.

En el mes de abril, el Ministerio de Industria negó a Iberdrola la solicitud de cierre y desmantelamiento parcial de la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz), que se encuentra prácticamente parada por la caída de la demanda, y la entrada masiva en el mercado de energías renovables.

El departamento que dirige el ministro José Manuel Soria había requerido a Red Eléctrica Española (REE), gestor del sistema, un informe para evaluar si la clausura de esta instalación -que cuenta con una potencia de 800 megavatios- afectaba a la seguridad de suministro del sistema eléctrico.

En dicho informe, el operador del sistema argumentó que el cierre del grupo tres de Arcos podría suponer problemas de suministro en la zona, según explicaron a este diario varias fuentes conocedoras de la resolución.

Fuentes de Red Eléctrica apuntaron que su respuesta está condicionada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obliga a parar durante dos años una central próxima de 800 megavatios por cuestiones medioambientales.

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