En concreto, el Gobierno aprobará una declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección necesarios para garantizar la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras.
Según una nota de prensa del Ministerio de Hacienda, esta medida se toma en virtud de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
En declaraciones a los periodistas en la playa del controvertido hotel, Montero afirmó que con esta medida el Ejecutivo busca «poner fin al mayor atentado medioambiental» en este paraje natural y avanzar en la «inmediata restauración ambiental» de la zona.
La vicepresidenta primera ha subrayado que el objetivo del Gobierno es eliminar un «símbolo de la depredación inmobiliaria«, ya que esta construcción no respeta el entorno natural, perjudica el litoral y viola la Ley de Costas.
Se trata, ha afirmado, de un «problema que lleva enquistado más de 20 años a pesar de las distintas resoluciones judiciales que rechazan la edificación en esos terrenos».
LLAMAMIENTO DE COLABORACIÓN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Montero indicó que «solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata, donde se encuentra el hotel, está dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es en esa parte donde el Gobierno puede intervenir».
El resto del terreno, defiende la ministra de Hacienda, «queda fuera de este límite y la competencia sobre él corresponde a la comunidad autónoma«.
Por ese motivo, ha instado a la Junta a «actuar y a trabajar conjuntamente» para que la administración autonómica realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operación de demolición del hotel en su totalidad, «poniendo fin a uno de los mayores ataques urbanísticos al litoral andaluz».
Una medida de colaboración, aseguran desde la Junta, «acorde a la legalidad que permitirá recuperar tras dos décadas un espacio natural en beneficio de todos los andaluces».
Para llevar a cabo esa cooperación entre administraciones, Montero ha avanzado que se convocará la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en la que están representadas la Administración Central y la Junta de Andalucía.
Esta comisión se creó en 2011 y la vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que es necesario «darle un impulso definitivo para lograr esta solución».
En cualquier caso, la ministra ha dejado claro que si la Junta de Andalucía no cumple con su parte y no quiere colaborar, el Gobierno buscará alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural.
«Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles», ha apostillado Montero.
