La energética Endesa ha presentado una reclamación patrimonial contra el Gobierno por un importe de 454 millones de euros, como compensación por los perjuicios económicos derivados del incremento en la llamada ‘tasa Enresa’, el tributo que financia la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares en España.
La reclamación, registrada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), responde al aumento del 30 % aprobado por el Ejecutivo a finales de 2023 para garantizar la viabilidad financiera del Fondo Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos. Endesa, que participa en varias de las centrales afectadas, considera que esta modificación vulnera el principio de seguridad jurídica y altera de forma unilateral los compromisos económicos asumidos por el Estado con las operadoras nucleares.
Según fuentes de la compañía, la medida ha supuesto un impacto inesperado y “desproporcionado” en los costes operativos, afectando a la rentabilidad prevista de las instalaciones nucleares en las que Endesa tiene participación. La empresa sostiene que la actualización de la tasa no ha ido acompañada de una revisión equitativa de los costes reconocidos y que rompe el equilibrio económico-financiero pactado en los protocolos firmados con el Gobierno y Enresa.
El conflicto legal no es exclusivo de Endesa. Iberdrola, la otra gran operadora del parque nuclear español, ha presentado una demanda contencioso-administrativa por el mismo motivo, reclamando 324 millones de euros. Ambas acciones suman un total de 778 millones en litigios contra el Estado vinculados a la financiación del desmantelamiento nuclear.
Desde el Gobierno se defiende que el ajuste en la tasa era “necesario e inaplazable” para garantizar que el fondo de Enresa pueda cubrir los costes reales del cierre ordenado de las centrales, previsto entre 2027 y 2035. Fuentes del Ministerio aseguran que la fórmula aplicada sigue criterios técnicos avalados por organismos reguladores y niegan que se haya producido ningún trato discriminatorio.
El enfrentamiento judicial entre el Estado y las grandes eléctricas se produce en un momento delicado para el sector energético, marcado por la transición hacia fuentes renovables y la redefinición del mix energético. La resolución de estas reclamaciones podría sentar un importante precedente sobre la distribución de costes en el cierre del ciclo nuclear en España.
