El Consejo de Administración de Duro Felguera ha aprobado las condiciones del rescate público por 120 millones de euros, al que la semana pasada dio su visto bueno el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Este rescate será gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); después de esta aprobación, por lo que ahora sólo queda pendiente su autorización definitiva por parte del Consejo de Ministros.
El grupo de ingeniería y bienes de equipo ha aprobado los documentos «Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal» y «Acuerdo de Gestión con la Compañía», que le fueron remitidos la semana pasada por parte de la SEPI.
La solicitud de Duro Felguera al fondo de rescate, tramitada el pasado agosto, se concreta en un préstamo participativo de 70 millones de euros, otro ordinario de 20 millones y la suscripción por parte de la SEPI de una ampliación de capital por importe de 30 millones para su entrada temporal en el capital de la empresa.
El visto bueno de la SEPI al rescate público temporal, al que el Gobierno del Principado aportará 6 millones de euros, se produjo después de que la multinacional asturiana llegara a un acuerdo con la banca acreedora, a la que solicitaba la refinanciación de 85 millones de euros de deuda.
El grupo asturiano, informó hace algunos días, que registró pérdidas por 171 millones en 2020, frente al beneficio de 1,38 millones del año anterior, que puso fin a dos ejercicios en pérdidas. Esto ha supuesto que la firma de ingeniería asturiana registre patrimonio neto negativo por 146 millones y apunta a su petición a la SEPI de una ayuda de 120 millones y a un proceso de búsqueda de inversores privados para sobrevivir.
La compañía registró unos ingresos de 143 millones, un 63% inferior al registrado en el ejercicio anterior. La contratación ha caído un 25% hasta los 78,6 millones. La cartera de contratos es de 268 millones.
Duro Felguera atribuye este varapalo al Covid-19, que cuantifica en 120 millones. Por ello, anuncia que ha revisado su plan estratégico y ha retrasado la consecución de sus objetivos durante 30 meses.
La compañía, que hubiera entrado en causa de disolución de no ser por las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno, negocia con la SEPI su rescate. Esto supone suscribir una ampliación de capital por 30 millones, además de un préstamo participativo por 70 millones y otro préstamo convertible por 30 millones más. De no obtener el apoyo de la SEPI, la compañía admite que se encontraría en «graves dificultades para mantenerse en funcionamiento».