Nestlé España ha defendido que el expediente de regulación de empleo planteado en el país forma parte de un proceso de transformación operativa con el que la compañía busca avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y adaptado al nuevo contexto del mercado de gran consumo.
La empresa comunicó inicialmente su intención de poner en marcha un ERE para un máximo de 301 trabajadores en España, lo que suponía algo más del 7% de su plantilla nacional. La medida afectaba a oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción, en un contexto marcado por el incremento de los costes operativos, los cambios en los hábitos de consumo y el avance de las marcas de distribución.
Según la compañía, el objetivo del ajuste es adaptar su estructura en España para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo. Nestlé enmarca esta decisión en una transformación más amplia de sus operaciones, apoyada en la automatización, la digitalización de procesos y la revisión de determinadas áreas organizativas.
El proceso ha estado acompañado de negociaciones con los representantes de los trabajadores, que han permitido reducir la cifra inicial de afectados. El principio de acuerdo alcanzado contempla finalmente 242 despidos, un 20% menos que la propuesta inicial, así como el compromiso de ofrecer 64 vacantes en distintos centros productivos de la compañía. De materializarse estas recolocaciones, la afectación neta se reduciría hasta 178 personas.
El acuerdo incluye también condiciones económicas para las salidas, con indemnizaciones de 45 días por año trabajado para determinados colectivos, con un máximo de 42 mensualidades. Además, se han previsto fórmulas específicas para trabajadores de mayor edad, así como criterios de protección para determinados perfiles vulnerables.
La compañía ha insistido durante el proceso en que su prioridad era abordar la reorganización con transparencia, diálogo y respeto hacia las personas afectadas. Sin embargo, los sindicatos habían mostrado su rechazo inicial al expediente, al considerar que el ajuste no estaba suficientemente justificado en un momento en el que la filial española venía de registrar una evolución positiva de su actividad.
Nestlé España alcanzó en 2025 una facturación récord de 2.894 millones de euros y elevó sus inversiones hasta 96 millones, la cifra más alta de la última década. Estos datos han sido utilizados por la representación laboral para cuestionar la necesidad de aplicar un recorte de plantilla de esta magnitud.
La empresa, por su parte, sostiene que el buen comportamiento comercial no elimina la necesidad de revisar su estructura ante un entorno cada vez más competitivo. La presión de los costes, la evolución de la demanda, la transformación de los canales de venta y la creciente competencia de las marcas blancas han obligado a la compañía a acelerar cambios internos.
El ajuste en España se produce, además, en un contexto de transformación global del grupo, que ya había anunciado un amplio plan de eficiencia con recortes de empleo a nivel internacional. En este escenario, Nestlé busca reforzar su rentabilidad, concentrar recursos en sus marcas estratégicas y adaptar su organización a las nuevas dinámicas del consumo.
Con el principio de acuerdo alcanzado, el proceso queda pendiente de la ratificación por parte de la plantilla. La compañía confía en que la reorganización permita construir una estructura más flexible y preparada para competir a largo plazo, mientras que los representantes laborales vigilarán el cumplimiento de las condiciones pactadas y el desarrollo de las recolocaciones previstas.
