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miércoles, abril 24, 2024
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La autopista Cartagena-Vera presenta concurso de acreedores

La autopista Cartagena-Vera presenta concurso de acreedores

El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la autopista de peaje Cartagena (Murcia)-Vera (Almería), con un pasivo de unos 550 millones de euros, al concluir sin acuerdo el plazo de cuatro meses que en septiembre de 2012 se dio para renegociar su deuda con los bancos.

Se trata de la sexta vía de pago que se acoge a la antigua suspensión de pagos en los últimos meses como consecuencia del desequilibrio financiero que registran por del sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos y la caída del tráfico. El resto de autopistas que ya se han acogido a la Ley Concursal son tres radiales de Madrid (la R-4, la R-3 y la R-5), la Madrid-Toledo y la Ocaña-La Roda.

En cuanto a la Cartagena-Vera, la sociedad concesionaria de esta vía, Aucosta, está participada por Globalvía (grupo de infraestructuras de FCC y Bankia), Ploder y las antiguas Cajamar, Unicaja y CAM.

Los acreedores de Aucosta cuentan con un plazo de un mes para reclamar a la vía el importe que les adeuda, una vez que la declaración de concurso ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el auto de declaración de concurso, la magistrada permite a la concesionaria de la vía conservar las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención del administrador concursal. Para este puesto designa al economista Luis Pérez Gil.

No obstante, la jueza, rechaza acordar la medida cautelar que demandó la vía junto a la solicitud de concurso, en la que pedía a «algunos acreedores abstenerse de retener, disponer o hacer suyo de cualquier modo el saldo existente en todas las cuentas del proyecto concesional».

En este sentido, el auto indica que «no ha lugar para esta medida cautelar al entrar en vigor las disposiciones concursales sobre la masa activa».

La autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de unos 650 millones de euros, con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona. La vía contabilizó un tráfico medio diario de 3.087 vehículos en los ocho primeros meses de 2012, según los últimos datos estadísticos disponibles en el Ministerio de Fomento, que arrojan un descenso del 7,7% respecto el mismo periodo de 2011.

El Ministerio de Fomento tiene actualmente dispuestas dos líneas de ayudas para la decena de autopistas de peaje que presentan desequilibrios económicos y financieros. De este modo, se busca paliar los efectos de la caída de los tráficos y de los préstamos participativos (que pretenden compensar el impacto de las expropiaciones).

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