Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, y Endesa, presidida por Borja Prado, no recurrirán el cierre de la central nuclear de Garoña.
Su propietaria, Nuclenor, que está participada al 50% por Iberdrola y Endesa, no prevé formular un recurso de reposición ante el Ministerio de Industria para poder prorrogar la licencia de explotación de la planta hasta 2019, según aseguraron ayer a este periódico fuentes empresariales.
La empresa estima que las mejoras que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige realizar en la central supondrían una inversión de 120 millones de euros a la que habría que sumar los costes derivados de la tasa y los impuestos aprobados recientemente por el consejo de ministros (a la generación eléctrica y la producción y almacenamiento de residuos radiactivos).
Ni Iberdrola ni Endesa han revelado el impacto que tendrán estas subidas fiscales en sus cuentas, pero “probablemente sean suficientemente importantes”, señalan otras fuentes próximas a la compañía, que advierten además de la amenaza de que Castilla y León apruebe una ecotasa. Una vez expire el plazo, el CSN, que ya ha pedido a la empresa la documentación para preparar el desmantelamiento, elaborará un plan de cierre de la central.