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miércoles, abril 21, 2021
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El IBI bajará un 2% de media

El IBI bajará un 2% de media

El impuesto de bienes inmuebles (IBI) va a bajar una media del 1,92% a partir del 1 de enero de 2019, de acuerdo con el real decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Esta rebaja es consecuencia de una extrapolación al tributo de la actualización, al alza o a la baja, de los valores catastrales de los municipios de España, tal y como está establecido en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

La medida se ha aprobado ante la prórroga presupuestaria, como ha venido sucediendo en los dos últimos años. Para el próximo 2019, se prevé la aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales a un total de 1.179 municipios.

Los expertos han destacado que esta actualización da como resultado una disminución media agregada del 1,92% del valor catastral porque se van a ver más inmuebles afectados por coeficientes a la baja que al alza y en proporciones más acusadas.

Entre los requisitos que deben cumplir los municipios para que pueda aplicarse esta actualización de coeficientes se encuentran que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva, que existan diferencias sustanciales y homogéneas dentro del municipio entre los valores del mercado y los valores catastrales vigentes, y que la solicitud municipal se formule dentro del plazo establecido.

El resultado de esa tasación va a afectar a lo que los ciudadanos asumen como propietarios de los inmuebles por el impuesto de bienes inmuebles (IBI), cuya cuantía se va a reducir una media del 1,92%.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto encuadrado en el sistema tributario local de España, de exacción obligatoria por los ayuntamientos, que grava el valor de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que recauda el tributo. Su gestión se comparte entre la Administración del Estado y los Ayuntamientos. Entró en vigor el 1 de enero de 1990, bajo presidencia de Felipe González.

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