La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se ha reunido con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).
Valdeolivas ha destacado la apuesta del Ejecutivo por fomentar la Economía Social, un sector que está a medio camino entre el sector privado y el sector público y engloba cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones no lucrativas o mutuas, entre otro tipo de organizaciones.
La secretaria de Estado confirmó ante las preguntas de los periodistas al finalizar la reunión que la reunión fue «muy fructífera y positiva, con muchos planteamientos de trabajo para el futuro, ya que este Ministerio quiere incrementar aún más el peso de la Economía Social».
De todos modos, la secretaria quiso dejar claro que «la Economía Social ya es de suma importancia para España, ya que representa el 12% del Producto Interior Bruto y suma 43.500 empresas y 2,2 millones de empleos directos e indirectos».
Tanto la secretaria de Estado como el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, apuntaron que uno de los objetivos que se han marcado es que la Economía Social española sea líder a nivel mundial aprovechando que Cepes preside actualmente la Confederación Europea de la Economía Social. «Queremos volver a visibilizar un sector importantísimo de nuestra economía y fomentarlo a nivel internacional», remachó Valdeolivas.
«Hemos pactado una serie de medidas que potenciaran los resultados que estamos obteniendo hasta este momento. En comparación al año pasado, tenemos 10.000 empleos nuevos netos en el ámbito de la Economía Social», se congratuló el presidente de la patronal de la Economía Social.
Además, la secretaria de Estado quiso remarcar la importancia de este sector para la creación de empleo y, además, de calidad, ya que «actualmente estamos mejorando en empleo a nivel cuantitativo, pero ahora tenemos un problema cualitativo».
La semana anterior, el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo Plan director por el trabajo decente 2018-2020 que prevé mejorar las dotaciones personales y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo.
El Plan, presentado por la ministra Magdalena Valerio incluye 75 medidas a desarrollar por la Inspección para hacer frente al deterioro de las condiciones laborales tras la crisis y cuenta con un impacto económico estimado por el Gobierno en 30 millones de euros, unos 150 millones cada año, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012.