Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, ha explicado que el déficit del conjunto de las administraciones fue en 2015 de 55.755 millones de euros, equivalentes al 5,16 % del PIB, casi un punto por encima del 4,2 % pactado con Bruselas.
El ministro ha explicado en rueda de prensa que este cambio se debe «prácticamente» a las comunidades autónomas, que se han desviado en relación a su objetivo en casi un punto (1,66 % del PIB respecto al 0,7 % pactado).
Por ello, ha afirmado que el Gobierno tomará «medidas» para paliar en lo posible estas desviaciones autonómicas.
Aunque la Seguridad Social también ha cerrado por encima de lo que debería (1,26 % del PIB, frente a 0,6 %), esto se habría compensado con la administración central, que ha «cumplido sobradamente» al quedar dos décimas por debajo (2,7 % frente al objetivo de 2,9 %) y al superávit de las corporaciones locales (0,44 %), ha dicho Montoro.
Sumado el efecto de la concesión de ayudas a las entidades financieras (853 millones), el déficit en 2015 llegó a 56.608 millones, equivalentes al 5,24 % del PIB, que son consecuencia de unos ingresos de 413.456 millones (el 2,9 % más que en 2014) y de unos gastos de 470.064 millones (el 1,5 % más).
Dentro de los ingresos, cabe destacar la positiva evolución de la recaudación por impuestos, que creció el 5,2 %, hasta 242.265 millones.
El ministro ha destacado que en la legislatura el déficit se ha reducido prácticamente a la mitad (desde el 9,13 % en 2011) y en comparación interanual se ha bajado del 5,79 % del PIB (2014) al 5,16 % (2015), una nueva reducción pero «insuficiente» en relación con los compromisos europeos.
El ministro, que ha asegurado que comparecerá «pronto» en la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, ha destacado que entre los gastos extraordinarios del año imputables a las comunidades autónomas está la financiación del tratamiento a más de 50.000 enfermos de hepatitis C, que ha ascendido a 1.094 millones de euros.
A su juicio, este gasto es «representativo» de que para el Gobierno «la corrección del déficit no significa obviar las necesidades sociales más perentorias».
También la administración autonómica ha soportado un gasto extraordinario de 1.777 millones por la reclasificación de determinados contratos de colaboración público privada, que corresponden a proyectos realizados en ejercicios anteriores, a lo que Hacienda suma el efecto de la devolución de parte de la paga extra de 2012 a los funcionarios autonómicos.
En total, el déficit de las comunidades autónomas sumó 17.962 millones, equivalentes al 1,66 % del PIB, aunque sin los mencionados gastos extraordinarios se habría quedado en el 1,29 %, y dejaría el déficit del conjunto de las administraciones en el 4,8 % del PIB.
El déficit de la administración central fue de 28.966 millones, equivalentes al 2,68 % del PIB, mientras que el de los fondos de la Seguridad Social alcanzó los 13.592 millones, que suponen el 1,26 % del PIB.
El superávit de la administración local supone 4.765 millones (0,44 % del PIB), a pesar de que las corporaciones locales se tuvieron que imputar otros 256 millones de gasto extraordinario por la conversión de contratos de colaboración público privada de ejercicios anteriores.
Sin este efecto ni el de la devolución de parte de la paga extra de 2012, el superávit local habría llegado al 0,51 % del PIB.