La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado que la Ley de Recuperación y Resolución de las entidades de crédito disminuye el uso de dinero público para el rescate de los bancos, y reparte equitativamente las cargas entre la banca y la sociedad.
De acuerdo a un informe publicado por el organismo, el mecanismo de recapitalización para la banca que tiene previsto ese proyecto legislativo restringe la garantía implícita del Estado a las entidades de crédito, “contribuye a un reparto de cargas más justo entre los participantes del sistema bancario y la sociedad, minimizando el uso de recursos públicos”.
El documento de la CNMC contiene varias recomendaciones que impulsan cambios en los planteamientos iniciales de esa norma, aunque considera que cuenta con aspectos positivos como “la atenuación del vínculo entre el Estado y las entidades de crédito” que ayuda a que los bancos compitan entre sí “en igualdad de condiciones”.
La CNMC ha indicado que la relación anterior a la nueva ley entre el Gobierno y las entidades de crédito “ha tenido un efecto perverso sobre la competencia en el sector financiero en el marco de la Unión Europea durante los últimos años”.
No obstante, el organismo ha recomendado al Gobierno mayor “concreción” en ciertos aspectos de esta ley, porque puede ser “problemática” para la promoción de la competencia y regulación económica eficiente.
De esta forma, la CNMC ha propuesto precisar el grado de “discrecionalidad” de las autoridades para disponer sobre temas relacionados con la fijación de las cuotas de contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con el que se busca disminuir la inseguridad jurídica para los operadores del sistema financiero español.
También han propuesto que el Gobierno debería “ajustar” el tratamiento que el Estado dispensaría a las ayudas para las entidades financieras, en caso de que las necesitara, y esclarecer si se realizarían mediante el Fondo de Rescate Ordenado Bancario (FROB) o el FGD.
Básicamente, la CNMC recomienda capacitar al FROB para establecer una metodología uniforme a todas las entidades para las aportaciones que realicen al FGD, tomando en cuenta criterios como la cuantificación del riesgo en el grado de desarrollo o que la entidad financiera tenga mecanismos internos de control de riesgo.