Este viernes concluye el plazo para acogerse a la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno el pasado 30 de marzo y que fija un gravamen específico del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Asimismo, fija un tipo del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.
Con esta medida, el Gobierno esperaba recaudar 2.500 millones, aunque son muchas las voces que alertan de que el objetivo era demasiado ambicioso y que la cifra se quedará finalmente muy lejos de esos 2.500 millones.
Hacienda solo publicó datos durante los cuatro primeros meses que estuvo en vigor la medida. De esos datos, se desprende que la amnistía aportó 50,4 millones de euros a las arcas del Estado hasta julio, el 2% del objetivo fijado para los ochos meses.
Aún así, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro siempre ha dicho que esperaba que los ciudadanos se sumaran a esta iniciativa en el último momento. De hecho, fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Europa Press que se ha constatado un importante incremento de peticiones de información a un día de que acabe el plazo.
Las mismas fuentes indicaron que ha aumentado de forma considerable el número de despachos profesionales y asesores fiscales que acuden a las oficinas de la Agencia Tributaria para aclarar dudas sobre la amnistía, con el fin de que sus clientes puedan presentar la declaración extraordinaria antes del 30 de noviembre.
El Gobierno sigue insistiendo en que confía en poder alcanzar los 2.500 millones y mantiene en esta cifra la previsión de ingresos, justificando que los primeros meses la recaudación es siempre menor en este tipo de medidas extraordinarias.
Previsiblemente, Hacienda publicará los datos de la recaudación definitiva de la regularización extraordinaria la semana que viene, una vez que reúna toda la información aportada por las entidades financieras.
Lo que no hará será prorrogar la medida, como demandan algunos colectivos, porque entiende que ya ha estado en vigor el tiempo suficiente y que se ha dado toda la información pertinente a los potenciales beneficiarios con los informes aclaratorios.