La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas alcanzó un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre de 2025, situándose en 1,691 billones de euros. Sin embargo, el ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se mantuvo estable en el 103,4 %, según los datos actualizados este lunes por el Banco de España.
Este aparente equilibrio se explica por el efecto compensatorio del crecimiento nominal del PIB, que ha amortiguado el impacto del aumento absoluto de la deuda. En términos interanuales, el endeudamiento del Estado ha crecido en más de 60.000 millones de euros, lo que refleja tanto el esfuerzo fiscal asociado a medidas sociales y energéticas como el incremento de los costes de financiación debido a la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo.
Por administraciones, el Estado concentra la mayor parte del endeudamiento con 1,504 billones de euros, mientras que las comunidades autónomas suman 326.000 millones. Las corporaciones locales, por su parte, mantienen una deuda de 23.000 millones, y la Seguridad Social continúa con un endeudamiento superior a los 116.000 millones, consecuencia del uso recurrente del mecanismo de préstamos estatales para el pago de pensiones.
El Gobierno ha valorado positivamente que el ratio de deuda pública se haya contenido pese a las tensiones presupuestarias y los desafíos económicos derivados de la inflación y el ajuste monetario. Desde el Ministerio de Economía se insiste en que España está comprometida con la senda de reducción del déficit y del endeudamiento estructural, en línea con los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento que entrará en vigor en 2026.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado que “España mantiene una trayectoria responsable en el manejo de las finanzas públicas, en un contexto internacional complejo”. También ha subrayado la mejora del perfil de vencimientos de la deuda y la menor exposición a subidas abruptas de los tipos de interés.
No obstante, diversos analistas advierten sobre los riesgos que persisten. La agencia Moody’s ha señalado recientemente que el mantenimiento de la deuda pública en niveles superiores al 100 % del PIB limita el margen de maniobra fiscal ante futuras crisis. Además, el elevado volumen de deuda obliga al Estado a destinar una parte creciente del presupuesto al pago de intereses, lo que podría tensionar otras partidas prioritarias como sanidad, educación o infraestructuras.
A pesar de la estabilización del ratio, el volumen absoluto de deuda sitúa a España entre los países más endeudados de la zona euro, por detrás de Italia, Grecia y Francia. Con la reactivación de las reglas fiscales europeas a partir de 2026, el Gobierno deberá presentar un plan de ajuste plurianual que combine crecimiento, disciplina fiscal y reformas estructurales.
La evolución de los próximos trimestres estará marcada por la consolidación económica, la ejecución de los fondos europeos Next Generation y el impacto de la política monetaria del BCE, factores que condicionarán el cumplimiento de los objetivos fiscales.
