La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) reclama flexibilizar las condiciones para que autónomos con deudas a la Seguridad Social puedan cobrar la pensión, ya que con la actual legislación ni el autónomo recibe su prestación, y por lo tanto «no tiene ingresos, ni en consecuencia pueden afrontar el pago de las cuotas debidas».
En concreto, los autónomos tienen la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones para poder tener acceso a cualquier prestación según el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por real decreto legislativo 8/2015.
Por ello, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, insta a que los autónomos con derecho a pensión y que tengan deudas con Seguridad Social puedan cobrar el 50% de la pensión resultante y el resto fuera a amortizar la deuda.
«Esto sí es política social. De no hacerlo, ni la Seguridad Social cobra, ni el autónomo tiene acceso a su pensión ni puede afrontar la deuda», ya que «a un autónomo con deudas a Seguridad Social y con la edad legal de jubilación cumplida, ni le presta ni avala nadie», advierte Amor.
Desde la organización de autónomos solicitan una «especial atención» a aquellos autónomos que en los últimos años de su negocio han visto bajar sus ingresos y que esperan jubilarse pronto.
«Conforme pasa el tiempo hay muchos comercios que ya no tienen los mismos ingresos y el autónomo está esperando a jubilarse. No se les puede quitar su derecho a pensión por un mes malo», ha añadido Amor.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) han evidenciado una disminución de la creación de empleo entre el colectivo autónomo durante el segundo trimestre de 2019. En otras palabras, hay menos autónomos empleadores y menos emprendedores. Según la EPA, el número de autónomos se incrementó en 2.100 durante el segundo trimestre del año, pero esto se debe al tirón de los autónomos dados de alta como ayuda familiar y como miembros de cooperativas.
Sin embargo, la cifra de autónomos con empleados a su cargo ha disminuido en 8.000 personas y los empresarios sin asalariados también son menos, concretamente 3.300.