La Comisión Europea ha anunciado que acepta el compromiso de Visa y Mastercard de reducir una media del 40% las tasas de intercambio que aplican a las operaciones interregionales de pago con tarjeta, una medida con la que las compañías responden a los problemas en materia de competencia que veía Bruselas.
El Ejecutivo comunitario acusó a Mastercard en 2015 y a Visa en 2017 de prácticas anticompetitivas que incrementan el precio de los minoristas europeos que aceptan pagos con tarjetas emitidas fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), porque ello se traduce en un incremento de los precios que deben pagar los consumidores europeos de bienes y servicios.
El pasado diciembre, las dos empresas ofrecieron reducir en torno al 40% las tasas de intercambio multilaterales (TIM) para superar las dudas de Bruselas, que ahora acepta las correcciones y anuncia que las hará «legalmente vinculantes».
En concreto, Mastercard y Visa prometieron que limitarán al 0,2% y al 0,3% las tasas que aplican a compras con tarjetas de débito y crédito, respectivamente, en tiendas físicas y al 1,15% y 1,50% en compras ‘online’.
También se han comprometido a no revertir estos topes y a publicar todas las tasas de intercambio interregionales que están incluidas en este paquete «de una forma claramente visible» en sus páginas web.
«Mastercard y Visa se han comprometido a reducir significativamente las comisiones de intercambio que aplican a los pagos realizados en Europa con tarjetas emitidas fuera del espacio económico europeo, ello reducirá los costes que soportan los minoristas que aceptan pagos con tarjeta», ha celebrado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
Los cambios se aplicarán durante un periodo de cinco años y seis meses y afectarán a las comisiones de intercambio interrigionales que se aplican a los pagos realizados con las tarjetas de crédito y débito de las marcas Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron y V-Pay.
El Ejecutivo comunitario vigilará que se cumplen los compromisos pactados y, en caso contrario, podrá tomar medidas incluida multas de hasta un 10% de su cifra de negocio anual internacional, sin que sea necesario tener que probar que se han violado las reglas de competencia de la UE.