El Gobierno de Cuba ha aprobado un conjunto de normativas que flexibilizan la toma de decisiones, la producción y la comercialización de las empresas estatales dándoles más autonomía en su gestión.
En la Gaceta Oficial de la isla caribeña se han publicado una serie de resoluciones que regulan la actividad de las firmas estatales dándoles espacio al eliminar restricciones administrativas que vienen de los ministerios y el gobierno.
De esta manera, las empresas podrán decidir por sí mismas sus objetos sociales secundarios, es decir, estarán autorizadas a realizar labores derivadas de su actividad central. Por ejemplo, una fábrica de conservas podría también hacer dulces y otra podría reciclar materias primas sobrantes.
Asimismo, las empresas podrán disponer, sin pedir permiso, la comercialización del excedente de sus compromisos con el Estado a precios de oferta y demanda con terceros o en el mercado.
Por otra parte, se generaliza la posibilidad de distribuir utilidades entre los trabajadores como un estímulo por la eficiencia económica, siempre y cuando tengan una auditoría financiera con resultados satisfactorios en los últimos 18 meses y se cumplan los indicadores directivos.
Las compañías también podrán retener hasta el 50 por ciento de las utilidades después de impuestos al cierre del año, lo que significa un 20 por ciento más que lo que hasta ahora estaba establecido. Las reglas disponen que las reservas que se creen se utilicen para incrementar el capital de trabajo, financiar inversiones, desarrollo e investigaciones y capacitación.
A su vez trabajarán en base a un plan aprobado por un consejo empresarial, sin necesidad de que sea el ministerio del sector el que les diga qué producir y cómo.
El diario Granma, órgano de difusión del Partido Comunista, ha publicado que el “propósito fundamental es el de otorgar más independencia y autonomía a la empresa estatal socialista, de manera tal que esté en condiciones de ocupar el verdadero papel que le corresponde en el desarrollo de nuestra economía”.
Grisel Tristá Arbesú, funcionaria que monitorea los acuerdos del último congreso del Partido Comunista de Cuba, ha comentado que durante este año se irán “creando condiciones para que las empresas puedan desarrollarse progresivamente en correspondencia con sus posibilidades económicas y la capacidad de dirección de sus cuadros, de quienes se requerirá mayor preparación y capacitación”.
Estas medidas forman parte de las reformas iniciadas por el Gobierno de Raúl Castro para “actualizar” el modelo de la isla, con el objetivo de darle mayor espacio a la iniciativa privada y fortalecer así las decisiones autónomas en las empresas estatales.
Otras de las reformas recientes de ese plan han sido la aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera y la creación de la primera Zona Especial de Desarrollo en el puerto de Mariel, con el fin de dinamizar la economía de la isla.