Gibraltar ha defendido este martes haber implementado todas las medidas para luchar contra la evasión fiscal por parte de las multinacionales (conocidas como Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.
El Gobierno del Peñón ha hecho esta afirmación tras el estudio elaborado por Oxfam Intermón a partir de los criterios que la propia UE aplica en el proceso para elaborar la lista de ‘paraísos fiscales‘ (transparencia, fiscalidad justa y participación en foros internacionales) y, según el cual, debería incluir un total de 35 jurisdicciones, incluidas Gibraltar, cuatro Estados miembros (Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Malta) y otros países como Suiza, Albania, Montenegro o Serbia.
Gibraltar ha asegurado tras este estudio que ya está gestionando una reunión con los responsables de Oxfam «para ponerles al día» sobre sus progresos en materia de lucha contra la elusión fiscal y ha lamentado que, «desafortunadamente», el informe no haya tenido en cuenta que ha implementado «todas las medidas anti BEPS de la UE«.
En cualquier caso, desde el Gobierno de Gibraltar se ha asegurado que toma nota de la publicación sobre centros de servicios financieros y ha subrayado que celebra que Oxfam «reconozca la transparencia fiscal de Gibraltar y la equidad de su régimen fiscal».
En su estudio, Oxfam Intermón critica el hecho de que la futura lista europea de ‘paraísos fiscales’ se centre únicamente en terceros países y no incluya a Estados miembros del bloque comunitario. Además, advierte de que en este documento no se añadirán «paraísos fiscales clave» por «presiones políticas tanto de dentro como de fuera de la UE».
Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) deben adoptar la lista definitiva de paraísos fiscales durante su reunión del próximo martes, 5 de diciembre en Bruselas, en lo que será el último paso desde que Bruselas impulsase su aprobación tras las revelaciones de los llamados ‘Papeles de Panamá’ y el interés se reavivase con los ‘Papeles del Paraíso’.
Oxfam ha señalado, sin embargo, que los gobiernos de la UE acordarán una lista «débil e incluso vacía», al tiempo que ha denunciado que haya sido negociada «en secreto» y a espaldas de la supervisión pública.