El Tribunal Supremo se pronunciará esta semana sobre la legalidad de las hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no aclarara las dudas que existían sobre su posible abusividad.
En julio, el Alto Tribunal tomó la decisión de suspender la admisión de nuevos recursos de casación sobre el IRPH, un proceso que se va a retomar esta semana, momento a partir del cual se espera que quede condicionada la admisibilidad de los siguientes casos.
En marzo, la Justicia europea dictaminó que el IRPH debe estar sometido a control judicial de los tribunales de España, quienes deben decidir si se trata de cláusulas abusivas incluidas en contratos hipotecarios.
Este fallo indica que los jueces españoles son los encargados de evaluar cada caso y tienen la potestad de sustituir el IRPH por otro índice como el Euríbor con el fin de proteger a los consumidores «de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del contrato de préstamo».
Sin embargo, la mayor parte de los magistrados coincide en que la sentencia de Luxemburgo no aclaró las dudas, sobre todo porque después de que se hiciera pública se han dictado sentencias contradictorias que anulan el índice en primera instancia y luego acaba considerándose válido a escala provincial, o incluso procesos en los que la cláusula se declara abusiva y nula, decretando la subsistencia del contrato, pero de forma gratuita.
Asociaciones como Adicae esperan que el Supremo cierre la brecha abierta por el IRPH, al considerarlo un índice «abusivo y engañoso». Por esta razón, quiere que se pronuncie a favor de los consumidores, marcando el camino para resarcir a los afectados.
Desde Adicae han explicado que los bancos han actuado de manera engañosa al comercializar un producto de difícil entendimiento con el gancho publicitario de que era favorable para los consumidores. De acuerdo a sus estimaciones, un consumidor con una hipoteca de 2004 o 2005 con IRPH puede haber llegado a pagar 20.000 euros de más frente a las referenciadas con el Euríbor.