El Gobierno de la Generalitat catalana solicitó a España adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico, donde solicitará prestados 5.023 millones de euros, sin embargo advirtió que no aceptará «condiciones políticas» para disponer de unos recursos que, aseguró, «son de los propios catalanes».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó, tras conocer la decisión catalana, que el Ejecutivo ayudará a esa comunidad «como al resto» y enfatizó en la necesidad de cumplir con los objetivos de deuda y déficit.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, precisó que el Govern usará estos recursos -el fondo está dotado con 18.000 millones de euros- para cumplir con el tope de déficit público al que está obligado (el 1,5 % del PIB a finales de 2012) y para refinanciar «vencimientos pendientes» de aquí a final de año.
El Gobierno catalán, que ya a finales de julio había expresado su intención de sumarse a este mecanismo de liquidez, concretó esta solicitud de adhesión al Fondo de Liquidez en su primera reunión después de las vacaciones de verano, y urgió al Ministerio de Hacienda a poner en marcha el fondo en septiembre, para que «no se compliquen las cosas a todos».
Para evitar que se hagan paralelismos entre la ayuda financiera de la UE a España y la demanda de recursos de la Generalitat al Estado, Homs subrayó que los catalanes pagan unos impuestos pero el Estado gestiona estos recursos, y añadió que, en cambio, los recursos que puede recibir España se nutren de la aportación de otros contribuyentes europeos.
«Es un dinero que es de los propios catalanes, que pagamos con nuestros impuestos», aseveró el portavoz de la Generalitat, que afronta unos vencimientos en el segundo semestre por valor de 5.755 millones de euros.
Preguntado acerca de qué entendía por condiciones políticas, Homs evitó entrar en concreciones, pero en los últimos meses el Ejecutivo ha alertado de las consecuencias de una hipotética intervención de Cataluña. En cualquier caso, el Ejecutivo catalán que preside Artur Mas está «convencido» de que el Gobierno no impondrá a Cataluña condiciones de carácter político, más allá de los requisitos financieros de supervisión que implica el acceso a este fondo de liquidez y de las competencias que le da la ley de Estabilidad Financiera. El Ejecutivo catalán da por hecho que con el cumplimiento del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera será suficiente.
La solicitud formal de adhesión al Fondo de Liquidez evidencia las tensiones de tesorería de la Generalitat, que además es la comunidad más endeudada de España, con una deuda que supera los 42.000 millones (el 21% de su PIB), y debe ajustar el déficit del 3,9%, con el que cerró 2011, al 1,5% del PIB a finales de este año, objetivo que Homs consideró ayer «muy difícil» de cumplir.
El representante del Govern no descartó ni que de aquí a final de año pueda ponerse en marcha un nuevo plan de ajuste -«en los tiempos que vivimos nadie puede descartar nada»- ni tampoco que el Govern renuncie a una nueva emisión de bonos minoristas. Tampoco ha precisado qué calendario maneja el Govern para saldar las deudas correspondientes a conciertos sanitarios y educativos y las contraídas con entidades sociales en julio, y simplemente comentó que serán abonados «tan pronto como se pueda».
Mientras Cataluña pide rescate, también quiere seguir negociando un pacto fiscal que le dé una situación tributaria similar al Concierto vasco. De hecho, Rajoy se reunirá el próximo 20 de septiembre con el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas. Así se lo hizo saber ayer al líder convergente en una carta con la que respondió a la que le envió Mas a finales de julio detallándole la propuesta de pacto fiscal aprobada por el Parlamento catalán.