Oxfam Intermón ha propuesto la aplicación de un impuesto sobre las grandes fortunas para recaudar, al menos, 14.260 millones de dólares (12.162 millones de euros) en América Latina, en el marco de la pandemia y sus efectos derivados, entre los que, según la ONG, se podrían dejar de ingresar 113.400 millones de dólares (unos 97.000 millones de euros) en las arcas públicas, una cifra que supone el 59% del gasto en salud pública de la región.
En la actualidad, tan solo Argentina, Colombia y Uruguay cuentan con algún impuesto al patrimonio. En Brasil, uno de los países más afectados por el virus en todo el mundo, los 42 milmillonarios del país aumentaron su patrimonio neto de 123.100 millones de dólares (104.973 millones de euros) en marzo a 157.100 millones de dólares (133.966 millones de euros) en julio; mientras que los siete empresarios más ricos de Chile incrementaron su patrimonio un 27% durante la pandemia.
América Latina, explica la ONG, está haciendo frente a la pandemia con unos sistemas de salud muy frágiles, con una grave crisis alimentaria y económica de fondo, por lo que afirma que «no deben pagar los de siempre».
La ONG resalta en su informe ‘¿Quién paga la cuenta?’ que ante el «grave escenario» que acontece, los gobiernos latinos no están aplicando medidas fiscales que graven de forma decidida tanto la riqueza individual como los beneficios de grandes corporaciones, lo que merma la lucha contra la pandemia, la pobreza y la desigudaldad.
«El virus se ha expandido por América Latina por la desigualdad, ejemplificada por la enorme economía informal de la región y su falta de redes de seguridad, y por los Gobiernos que no gravan suficiente la riqueza y el capita», subraya el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, José María Vera.
De hecho, los datos advierten sobre la posibilidad de que hasta 52 millones personas caigan en la pobreza como consecuencia de la pandemia, lo que implica un retroceso de 15 años. Además, el 55% de la población activa, unos 140 millones de personas, se encuentran en la economía informal o sumergida. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la región en la que más empleo se va a destruir.