Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones generales, por lo que este martes se procederá a la disolución de las Cortes Generales, lo que impedirá la tramitación y aprobación definitiva del proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero.
El proyecto de ley se aprobó este mes en el Pleno del Congreso con una holgada mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, pero eso ya no será posible por la disolución de las Cámaras.
La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. De hecho, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era «muy esperado» y había conllevado «mucho trabajo» con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros.
Pero no es este el único proyecto de ley económico que decae con la disolución de Cortes. Son también los casos de la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos; que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria.
Esto sucede también con aquellos decretos que, aunque entraron en vigor se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado.
Esto pasa con la reforma del sistema de pensiones, con los decretos anticrisis, del Plan ‘+ Seguridad para tu energía’, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar y de nuevo sistema de cotización para autónomos. También cabe recordar que el Gobierno tenía previsto aprobar «de inmediato» la Ley de Industria en Consejo de ministros para su posterior envío a la Cámara Baja.
Con todo ello, en clave económica ha sido la prórroga de la ‘excepción ibérica’ en el gas y la Ley de Vivienda la última aprobada en esta Legislatura.
Eso sí, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de esta norma, como es el caso de la definición de grandes tenedores de vivienda, depende en buena medida de las comunidades autónomas. De este modo, el PP, que conquistó en las elecciones varias plazas autonómicas como Comunidad Valenciana, Baleares, o La Rioja, ha reiterado en varias ocasiones que no aplicará esta norma.