La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha indicado esta semana que espera que el acuerdo internacional de fiscalidad mínima para empresas esté en vigor en 2024, y no en 2023 como estaba previsto hasta ahora, según ha señalado el secretario del organismo, Mathias Cormann.
Durante su intervención en una mesa redonda organizada en el marco del Foro Económico de Davos, Cormann indicó que se están produciendo una serie de «conversaciones difíciles» sobre ciertos aspectos técnicos del acuerdo.
La posición de la OCDE siempre había sido cerrar un acuerdo final multilateral para mediados de este año. Sin embargo, el organismo considera que es más posible que este acuerdo se cierre para finales de este año.
«Fijamos de forma deliberada una fecha muy ambiciosa para implementarlo para mantener la presión y nos ha ayudado a mantener el ímpetu. Pero sospecho que probablemente lo que suceda es que terminemos con la implementación práctica en 2024», subrayó Cormann.
El pasado mes de octubre, la OCDE cerró un acuerdo con 136 países para aplicar una fiscalidad mínima para las empresas multinacionales. Sin embargo, este acuerdo necesita ahora de implementación y cambios a nivel de jurisdicción en los países firmantes.
Con respecto a los países europeos, el ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, ha señalado que espera alcanzar un acuerdo sobre la implementación del impuesto mínimo del 15% para multinacionales el próximo 17 de junio, cuando tendrá lugar el próximo Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE. Un acuerdo que requiere del voto unánime de todos los Estados miembro y al que, por el momento, Polonia se opone.
El acuerdo ataja los problemas derivados de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de grandes empresas a jurisdicciones con una baja fiscalidad. Como ya se había acordado, el acuerdo global se centrará en dos pilares de actuación.
El primer pilar incluye a las multinacionales con ingresos globales superiores a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo las empresas extractivas (petroleras o mineras) y las de servicios financieros regulados.
El marco fiscal asignará los ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos. Posteriormente, los beneficios en exceso de ese 10% (hasta un 25% máximo) se asignarán a las jurisdicciones usando el reparto de ingresos con el objetivo de estar sujetos a impuestos.
El segundo pilar abarcará a las empresas que facturen 750 millones de euros o más a nivel global e incluye que el tipo mínimo de los Impuestos sobre Sociedades sea del 15% en todas las jurisdicciones adheridas al acuerdo.
Según los cálculos de la OCDE, el pilar uno del paquete reubicará 125.000 millones de dólares (108.112 millones de euros) de beneficios procedentes de las 100 mayores multinacionales del mundo. El objetivo es que estas empresas «paguen la parte justa de impuestos donde sea que operen y generen beneficios». Este cálculo es 25.000 millones de dólares (21.622 millones de euros) superior a las estimaciones de julio.
En cuanto al segundo pilar, un impuesto mínimo del 15% producirá unos 150.000 millones de dólares (129.735 millones de euros) a nivel global.