Los miembros de la junta de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) están en desacuerdo sobre el volumen de bonos que el organismo debe comprar conforme a su nuevo programa para controlar los tipos de interés, según las actas de su reunión de noviembre que acaban de ser divulgadas.
En el encuentro celebrado el 31 de octubre y el 1 de noviembre, uno de los nueve integrantes de la junta argumentó que el monto de bonos de deuda nipona que adquiere actualmente el BoJ podría «ajustarse» a la baja para que se pudieran mantener las metas establecidas, detalla la documentación que ahora se conoce.
La entidad activó en septiembre un programa que pretendía mantener los tipos a corto plazo en el -0,1 por ciento y las tasas a mayor plazo en torno al cero por ciento, lo que complementa con la adquisición de unos 80 billones de yenes (unos 652.755 millones de euros/682.821 millones de dólares) al año en deuda japonesa para estimular la inflación.
El miembro de la junta mencionado defendió que, ya que el aumento de la cartera de bonos arrastrará en el futuro a la baja a los tipos de interés a 10 años, la entidad debería ser más flexible y «otorgarle una importancia cada vez menor» a este monto en los informes que vaya publicando próximamente.
Sin embargo, varios de sus homólogos consideraron que el BoJ debería mantener esa cantidad indicativa en sus documentos, ya que eliminarla podría enviar «una señal equivocada» a los mercados financieros.
El desacuerdo subraya el complejo sistema diseñado por el banco central japonés para estimular el crecimiento e impulsar una sólida subida de precios, que lleva buscando con ahínco desde 2013 para acabar con casi dos décadas de deflación.
En la primavera de aquel año y coincidiendo con la llegada de Haruhiko Kuroda al cargo de gobernador de la entidad, se activó por primera vez un cuantioso programa de compra de activos destinado a lograr una inflación en torno al 2 por ciento interanual en un plazo de unos dos años.
Sin embargo, los efectos de la fuerte caída de los precios de la energía han difuminado los avances logrados y han obligado al BoJ a retrasar su meta inflacionaria al menos hasta 2018.