El Congreso de EE.UU. ha logrado sacar adelante uno de las principales reclamaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma del sistema de cuotas para otorgar mayor peso político a las economías emergentes en la institución financiera.
Desde 2012, la directora del Fondo, Christine Lagarde, no había dejado pasar la oportunidad de instar primero y criticar después a EE.UU., por su retraso de cara a la propuesta de reforma interna del organismo para reflejar el ascenso de potencias emergentes como China, India o Brasil en la economía global.
A la par, estos países, centrados en torno al grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), elevaron el tono de sus quejas a Washington, por su incapacidad para ratificar una reforma de la que EE.UU. había sido impulsor.
De hecho, en los últimos dos años y ante la parálisis, los emergentes decidieron lanzar varias instituciones alternativas al FMI o el Banco Mundial, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), impulsado por Pekín; y el Nuevo Banco de Desarrollo y el Fondo de Reservas de los BRICS.
En la reunión del G20 en Turquía en noviembre, los gobernantes de los BRICS expresaron de nuevo su «profunda decepción» por la falta de progresos en la reforma de los organismos financieros internacionales, dominados por las potencias occidentales.
Por ello ha sido una sorpresa la aprobación de un gran paquete presupuestario para el año fiscal 2016 por 1,15 billones, entre cuya provisiones incluyeron la sorpresiva luz verde a la reforma del FMI.
Lagarde, que ha realizado numerosos viajes entre la sede del FMI y el Congreso de EE.UU. en Washington en estos años, para tratar de desbloquear esta reforma de la institución creada junto al Banco Mundial en los acuerdos de Bretton Wodds de 1944, celebró en un comunicado la decisión como un paso hacia un FMI «más moderno y representativo».
«Mejorará la gobernanza del Fondo al ofrecer un mejor reflejo del creciente papel de los dinámicos países emergentes y en desarrollo en la economía global», afirmó Lagarde, quien deberá renovar su cargo en 2016 cuando culmine su primer mandato de cinco años de duración.