Scope: la banca en España podría materializar hasta 15.000 millones de titulización de fallidos en 2019

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Scope: la banca en España podría materializar hasta 15.000 millones de titulización de fallidos en 2019

Scope Ratings prevé que la banca española podría materializar entre 10.000 y 15.000 millones de euros de titulización y ventas privadas de préstamos fallidos en 2019.

El pasado mes de marzo, la firma publicó un informe en el que estimaba la aparición de las primeras titulizaciones de ‘tóxicos’ y propiedades inmobiliarias en España, y destacaba que los fondos de cobertura y las empresas de capital riesgo impulsarían la actividad de titulización, mientras que los bancos se decantarían por las ventas directas de cartera.

Marco Troiano, subdirector del equipo de instituciones financieras de Scope, cree que después de un año 2018 de transacciones “gigantescas”, las de 2019 probablemente serán más pequeñas, porque las carteras de créditos dudosos son más bajas.

Asimismo, ha detallado que “esto refleja una mejora sustancial en los fundamentales de crédito de las entidades españolas en los últimos años”.

Sin embargo, Scope Ratings considera que los recientes cambios legales son uno de los “escollos potenciales” que se deben tener en cuenta en el emergente mercado español de titulizaciones respaldadas por activos fallidos.

Paula Lichtensztein, representante del equipo de financiación estructurada de la firma, ha explicado que “un área que será crítica para determinar el éxito de las titulizaciones respaldadas por activos fallidos es el impacto de los recientes desarrollos legales en España, ya que esto podría afectar el calendario de cobros esperados provenientes de la cartera”.

Además, ha agregado que la incertidumbre jurídica que existe en España es mayor que en otros países de Europa, debido a que la duración media de los procedimientos de ejecución hipotecaria se ha duplicado en los últimos años por al aumento de los litigios.

El Tribunal Supremo también ha dictaminado que los acreedores garantizados ya no pueden exigir intereses de demora tras la apertura de un procedimiento de insolvencia.

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