El Pleno del Congreso debatirá una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que propone eliminar la tasa de reposición en la Administración Pública, y la reversión de los recortes salariales de los empleados públicos, garantizando la recuperación del poder adquisitivo perdido por estos trabajadores desde 2009.
De esta manera, la coalición de izquierdas reclama al Gobierno que fije junto con las organizaciones sindicales un calendario de subidas salariales para, además de mantener el poder adquisitivo cada año, se incorpore a estas subidas de sueldo un porcentaje anual «que inicie la recuperación del porcentaje perdido».
La iniciativa, firmada por la portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Hacienda y Función Pública, Auxiliadora Honorato, también aboga por recuperar la prestación por incapacidad temporal en su integridad y restablecer la capacidad de cada administración de negociar su jornada laboral, habilitando por tanto la posibilidad instaurar jornadas de 35 horas.
Por otra parte, Unidos Podemos quiere que el Congreso exija al Gobierno que en todas las administraciones públicas se disponga de una tasa adicional para estabilizar el empleo temporal que incluya hasta el 90% de las plazas que, dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma ininterrumpida por personal con contrato temporal al menos en los tres años anteriores a la fijación de los Presupuestos.
Asimismo, la coalición de izquierdas exige la aprobación de una Oferta Pública de Empleo para la Administración General con el fin de reponer todas las plazas perdidas en los últimos nueve años y que permita rejuvenecer la Administración.
En este sentido, Unidos Podemos pide que estas plazas se centren de forma prioritaria en los ámbitos de la Seguridad Social, el sector de la investigación, el Ministerio del Interior o en Instituciones Penitenciarias.
Este domingo, empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se han concentrado en Madrid para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y retributivas, como un salario mínimo de 1.200 euros y la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario.
Según informan los sindicatos convocantes, CSIF, CCOO y UGT, la Administración General del Estado «ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis».
Asimismo, proponen un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros para todos los empleados públicos de la AGE, para el establecimiento de la carrera profesional.