Este viernes, el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda, para el que ya tiene prácticamente cerrado un acuerdo con Podemos, que incluirá un índice de precios para grandes ciudades y mejoras en los desahucios, según confirman fuentes cercanas a las conversaciones.
La intención del Ejecutivo es llevarlo este mismo viernes, antes de que el próximo día 5 se disuelvan las Cortes ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. Según han confirmado fuentes cercanas a la formación morada, el acuerdo con el Gobierno para sacar adelante este real decreto está «casi cerrado».
Por su parte, desde el Ejecutivo señalan que aún se sigue trabajando con el PNV y PDeCAT para asegurar la convalidación del texto, aunque consideran que no habrá problema al respecto.
Recientemente, el pasado 19 de febrero, el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, reconoció que el Ministerio de Fomento no descartaba volver a llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto en materia de vivienda tras haber sido tumbado el anterior en el Congreso con el rechazo del PP, Ciudadanos, ERC y Podemos, que ya avanzó su voto en contra al entender que no incluía las medidas pactadas con el Ejecutivo para apoyar los Presupuestos de 2019.
El «número dos» de Fomento apuntó la posibilidad de que se limiten los precios del alquiler que, en todo caso, es una decisión que debería depender de ayuntamientos y autonomías, puesto que cada mercado inmobiliario tiene sus propias características.
En este sentido, señaló que limitar los precios tenía una complejidad técnica y jurídica importante, y añadió que el Gobierno lo que tiene que hacer es regular los índices de precios y establecer cómo se define una zona tensionada, aunque agregó que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que plantear cómo controlar los alquileres.
También se refirió Saura a la vivienda social con el objetivo prioritario de elevarla hasta el 8% de los hogares en 2030, frente al 2,5% actual.
Según sus estimaciones, esto permitiría triplicar el parque de vivienda social o asequible, a lo que añadió que otro de los objetivos es bajar del 42% actual al 29% en 2030 el porcentaje de hogares en régimen de alquiler que destinan más del 40% de su renta a vivienda.