Siete millones de personas son vendedores ambulantes en Venezuela

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Venezuela cuenta con 7 millones de personas que se dedican al llamado “buhonerismo“, la venta ambulante, economía popular privada o economía informal. Así lo ha explicado Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (Atraem).

Este tipo de práctica genera un volumen elevado de empleo en el país sudamericano. Esto se debe, principalmente, a que la formalización de una empresa “presenta un costo tan elevado que no todos los comerciantes informales pueden pagar”.

Se estima que “la buhonería” presente en la Gran Caracas, capital de Venezuela, “mueve el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Los especialistas señalan que los ciudadanos que practican este tipo de economía popular privada, lo hacen actualmente por necesidad y oportunidad. “Los motorizados (motociclistas) buscaron la oportunidad en el país de trasladar a los ciudadanos porque observaron que la calle se prestó para esto y ahora abundan”, dijo Padilla en un programa televisivo local.

En relación a la alteración del espacio público, el experto señaló que “hay que ordenar a estas personas para que no generen caos (…) es muy importante que el gobierno se reúna con ellos para fortalecer la capacidad económica en el país”, y abogó por la reorganización de este tipo de economía en los municipios.

Por otra parte, ha recomendado a los ciudadanos que practican esta economía informal que se organicen, y se presten a la capacitación, formación y diálogo con las autoridades, para “no generar un caos” en las regiones del país.

Este tipo de actividad económica no aporta al fisco. Derbert Muñoz, secretario juvenil de la Confederación de Vecinos de Venezuela, ha señalado que “hacen un daño en la economía porque evaden el fisco, practican la piratería, el contrabando y eso es ilegal en Venezuela”.

La Ley Orgánica de Precios Justos, sancionada recientemente por el Gobierno Venezolano, establece en su artículo 32 que el máximo porcentaje de ganancia debe ser del 30%.

La intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, Karlin Granadillo, ha explicado a la prensa local que si los comerciante informales no cumplen con el máximo de precio establecido, estarán cometiendo un delito por especulación de producto.

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