El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto que permite recuperar la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas. La medida podría beneficiar a unos 640.000 trabajadores, que representan alrededor del 20% del empleo público y aproximadamente la mitad de las plantillas de la Administración local.
La norma salió adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones. Vox y Podemos votaron en contra, mientras que el Partido Popular y Junts optaron por la abstención, facilitando así la aprobación del decreto.
La jubilación parcial permite que los trabajadores próximos a la edad ordinaria de retiro reduzcan su jornada laboral y comiencen a percibir de forma proporcional una parte de su pensión. Los empleados laborales del sector público podrán volver a acceder a esta modalidad después de que la reforma aprobada en 2024 dificultara su aplicación en las administraciones.
El principal obstáculo estaba relacionado con el contrato de relevo, necesario para cubrir la parte de la jornada que deja de realizar la persona que accede a la jubilación parcial. La reforma de 2024 estableció que el trabajador relevista debía tener una relación laboral indefinida, una exigencia que resultaba complicada de aplicar en el sector público.
A diferencia de las empresas privadas, las administraciones no pueden contratar directamente a un trabajador fijo. El acceso al empleo público debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que obliga a convocar y organizar previamente los correspondientes procesos selectivos.
Contratos temporales hasta cubrir la plaza definitiva
El decreto aporta cobertura legal a la jubilación parcial del personal laboral público e introduce mayor flexibilidad en la contratación de los relevistas. Cuando una administración no pueda cubrir de forma inmediata una jubilación parcial prevista, podrá contratar a personal laboral temporal de sustitución hasta incorporar a un trabajador definitivo.
La norma también incluye una disposición transitoria que permitirá vincular a estas jubilaciones contratos de relevo formalizados desde el 1 de abril de 2024 dentro de ofertas de empleo ordinarias. Esta posibilidad estará vigente hasta el 1 de abril de 2027.
El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, defendió la convalidación al considerar que se trata de una medida acordada con los sindicatos y necesaria para facilitar un proceso gradual y flexible de contratación.
López también señaló que la Administración General del Estado ha incluido 854 plazas destinadas a relevistas dentro de su oferta de empleo público para este año.
La reforma general de la jubilación parcial permite acceder a esta modalidad hasta tres años antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro. Para beneficiarse de ella es necesario acreditar al menos 33 años cotizados a la Seguridad Social y una antigüedad mínima de seis años en la empresa o administración.
La reducción de la jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, mientras que el contrato de relevo debe mantenerse durante un mínimo de dos años después de que finalice la jubilación parcial.
Los funcionarios continúan fuera de la medida
La aprobación del decreto únicamente afecta al personal laboral de las administraciones. Los funcionarios de carrera y el personal estatutario continúan sin poder acceder a esta modalidad de jubilación.
El Gobierno contempla extender esta posibilidad mediante la Ley de Función Pública, pero esta norma lleva alrededor de dos años paralizada en el Congreso y no existen expectativas de que su tramitación vaya a reanudarse próximamente.
Los sindicatos han criticado que no se haya adoptado una solución equivalente para estos colectivos. Comisiones Obreras ha reclamado que el Ejecutivo utilice también la fórmula del real decreto-ley para evitar que se siga retrasando un derecho previamente acordado.
La convalidación resuelve, por tanto, la situación del personal laboral público, aunque mantiene abierta la reclamación de los sindicatos para que la jubilación parcial se amplíe a todos los empleados públicos, con independencia de su relación jurídica con la Administración.
