La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha abogado por un programa de rentas mínimas compatible con trabajar y que se introduzca gradualmente en tres años, lo que supondría una décima más de déficit estructural cada año, «cuya compensación con otras medidas resulta factible».
En el informe para evaluar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos propuesta por CC. OO. y UGT presentado este miércoles, la AIReF ha planteado dos ejemplos de modelo de renta mínima enfocados a reducir la pobreza severa con un coste fiscal de unos 5.500 millones, que podría rebajarse en unos 2.000 millones al eliminar duplicidades con otros
Esto supondría reducir entre 4.300 millones y 1.700 millones el coste de la propuesta sindical -cuantificada entre 7.200 millones y 9.800 millones- y evitar hasta otros 2.600 millones adicionales de coste en «crisis graves y prolongadas» por el efecto llamada que, a su juicio, evita eliminar el requisito de estar desempleado.
La Airef, que ha emplazado a tomar la decisión de implantar esta medida al «ámbito democrático», ha insistido en que se trata de un coste fiscal «significativo», que debe enmarcarse en el contexto de déficit español y contar con una estructura de financiación.
«Cuando se toma una decisión de este tipo, la financiación debe asegurarse a medio plazo». Junto al menor coste, el organismo también ha destacado que sus alternativas reducen en mayor medida el porcentaje de pobreza extrema en España, que se sitúa actualmente en el 6,9 %, la segunda mayor tasa de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía.
El umbral de pobreza severa se define como la renta por debajo del 30 % de la mediana del país, lo que en España, con cifras de 2017, queda en 355 euros al mes para un hogar de un individuo y 746 euros para uno con dos adultos y dos niños. En total, afecta a unos 3 millones de hogares españoles.
Para poner el foco en estas situaciones, la Airef establece la renta del hogar como requisito principal para el acceso a esta prestación y propone eliminar el solapamiento con la de otras administraciones (autonómicas o locales) si bien permite que puedan complementarla.
«Para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad», incluye el informe que alerta de la fuerte disparidad de programas entre regiones.
En concreto, la Airef señala que sus alternativas beneficiarían a 1,8 millones de hogares, por encima del 1,1 millones de potenciales beneficiarios que calculaban UGT y CC. OO. y reducirían más la pobreza extrema.