La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la emisión de deuda pública, en forma de un «pionero» Bono Social Sanitario, por importe de 52 millones de euros para obtener financiación en los mercados y combatir los efectos de la COVID-19.
Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico se sitúa «a la vanguardia como la primera administración de España en emitir un bono con estas características», según señala la Comunidad de Madrid a través de un comunicado.
En un tuit, la presidenta regional explica que este bono social sanitario es «pionero en España» y ha señalado que «la colaboración público-privada ha sido esencial», por eso ha dado las gracias a MAPFRE y a BBVA.
Mientras la Comunidad emite la deuda, la aseguradora creará paralelamente un fondo de inversión garantizado a tres años denominado MAPFRE Compromiso Sanitario, que ofrecerá una rentabilidad del 3% en tres años -muy por encima del rendimiento de la emisión-, «gracias a una aportación adicional cercana al millón de euros a cargo de la propia gestora».
«Así, y junto a la Comunidad de Madrid, esta compañía suma esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 en un nuevo ejemplo de colaboración público-privada, ya que el objetivo del fondo es acercar el ahorro de los clientes de la aseguradora a la financiación de ayuda sanitaria. El fondo no aplicará ningún tipo de comisión, ni de gestión, depositaría o comercialización», informa la Comunidad.
Por su parte, BBVA ha sido el banco asesor y colocador único en la primera emisión de bonos sociales en España destinada a apoyar a la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid ya se convirtió, en 2016, en la primera administración pública española que emitió bonos sociales destinados a financiar proyectos sociales. En este caso, la emisión se ha centrado específicamente en el ámbito sanitario.
La Comunidad de Madrid cerró 2019 siendo la comunidad autónoma del sistema de régimen común con un menor nivel de endeudamiento, junto con Canarias, situado en el 14% del PIB. Solo el País Vasco, y por efecto del régimen foral, tiene unos niveles menores, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
El Ayuntamiento de la capital también ha decidido, recientemente, suspender los contratos de todas las celebraciones previstas entre los meses de mayo y octubre -ambos incluidos- en todos los distritos de la capital así como actuaciones o actividades al aire libre o en recintos cerrados promovidas por los propios distritos.
Unas cancelaciones que afectan, según las estimaciones que han hecho en el Consistorio, a más de medio centenar de celebraciones populares entre las que se encuadran algunas de las más representativas de los veranos de la capital como San Isidro, la Batalla Naval de Vallecas, San Cayetano, San Lorenzo, La Paloma, Los Mayos en Malasaña o las fiestas del Barrio del Pilar. Todas ellas unidas a las celebraciones en los distintos barrios y distritos madrileños.