España fija un precio máximo mensual de 3 euros o la gratuidad de cuentas bancarias

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España fija un precio máximo mensual de 3 euros o la gratuidad de cuentas bancarias

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que fija un precio máximo mensual de 3 euros o la gratuidad de las cuentas bancarias básicas, y el acceso a una tarjeta, para aquellos colectivos que son vulnerables o que se encuentran en riesgo de exclusión.

Nadia Calviño, ministra de Economía de España, ha dicho que con esto se da un paso más para garantizar la inclusión de estos colectivos y su acceso a los servicios financieros, esenciales para participar en la actividad económica.

Las cuentas de pago básicas permiten realizar servicios bancarios tales como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias dentro de la Unión Europea.

El coste máximo de esta cuenta no podrá superar los 3 euros al mes y cubre todos los servicios, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.

No obstante, las personas vulnerables podrán tener acceso gratuito a este tipo de servicios “para que nadie se quede fuera del sistema financiero”.

Para poder determinar si una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad se estudiará la renta y el número de miembros que integran la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Calviño ha explicado que “el criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita”.

Los bancos deben informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.

En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del real decreto aprobado el 22 de marzo, el Ministerio de Economía y Empresa evaluará el acceso a las cuentas de pago básicas y definirá la situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

Esta norma forma parte del marco europeo de la directiva de Cuentas de Pago Básicas que establece “el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable”.

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