La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha señalado que el código de buenas prácticas fiscales de la Agencia Tributaria es «absolutamente desequilibrado».
Por esta razón, ha pedido una Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente, una mayor actuación preventiva de la AEAT y que los tribunales económico-administrativos no dependan orgánicamente del Ministerio de Hacienda.
Stella Raventós, la presidenta de Aedaf, ha dicho que los asesores fiscales «en absoluto» trabajan a favor del fraude, aunque ha reclamado un «entorno de colaboración» por parte de la Administración tributaria con los contribuyentes, y ha reivindicado que la inspección se limite a comprobar si ha cobrado bien, ya que «no es su misión recaudar».
En esta línea, ha rechazado la idea de que «cualquier ciudadano es un defraudador» y que se sancione «automáticamente» cualquier falta de ingreso, abogando por una mayor actuación preventiva por parte de la AEAT.
En relación a la no adhesión de la Aedaf al Código de buenas prácticas tributarias entre la AEAT y los asesores fiscales, Raventós ha dicho que el documento es «completamente desequilibrado», porque los asesores se han comprometido a informar a la Administración de todo, incluso «más allá de lo legalmente establecido», y la AEAT solo se compromete a «cumplir la ley».
Los asesores fiscales también han lamentado la falta de consulta de Hacienda para trabajar en un nuevo plan estratégico de la Agencia Tributaria.
Para el nuevo ejercicio, la Aedaf tiene previsto proponer «muchos cambios» porque hay que realizar una distinción entre el área legislativa referida a cambios legislativos y el ámbito de la práctica administrativa.
El vicesecretario de la Aedaf, Eduardo Gracia, ha dicho que «no hay una relación propia de igualdad entre la Administración y el ciudadano, todo se ampara en la lucha contra el fraude y todo vale» y ha advertido de una «erosión del derecho del contribuyente».
Por esta razón, el principal objetivo la Aedaf es la aprobación de una Ley de garantía y derechos del contribuyente, ante la pérdida «paulatina» de derechos.
Gracia está de acuerdo en una ley que «renfoque» la relación entre Administración y contribuyente, de forma que sea un «órgano de colaboración» y control, y se contemplen opciones como que los inspectores tengan asociados un número de contribuyentes y haya un contacto directo.
Por otro lado, Gracia ha dicho que se debe poner el foco en la economía sumergida en vez de en los contribuyentes que ya declaran, así como una investigación «mucho más profunda» en determinados sectores y el fin del sistema de módulos de los autónomos, ya que la AEAT dispone un mayor control sobre pymes y pequeños empresarios que cuando se creó el sistema.
