Varios mandatarios europeos, como el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, han reclamado que el techo de gasto de los presupuestos nacionales y los niveles de deuda se pacten en el Eurogrupo.
En materia presupuestaria, los mandatarios reclaman como primer paso que el techo de gasto de los presupuestos nacionales y los niveles de deuda se pacten en el Eurogrupo. «La emisión de deuda por encima del nivel acordado tendrá que estar justificada y recibir autorización previa».
En una fase posterior, «la eurozona estaría en posición de pedir cambios en las dotaciones presupuestarias (nacionales) si vulneran las reglas presupuestarias».
«A medio plazo, podría explorarse la emisión de deuda conjuntacomo un elemento de esa unión presupuestaria sujeto a progresos en la integración fiscal», señalan Van Rompuy, Barroso, Draghi y Juncker. Los eurobonos sólo se introducirán cuando se haya creado un «marco sólido de disciplina presupuestaria» con el fin de evitar el «riesgo moral».
Esta propuesta, junto a otras diferentes, persiguen mostrar la «irreversibilidad» del euro y avanzar hacia una unión bancaria y presupuestaria que genere confianza en los mercados y frene la crisis de deuda. Las propuestas, que cuentan con el apoyo de España, Francia e Italia, chocan con la oposición de Alemania, que se opone a cualquier tipo de mutualización de la deuda hasta que no se complete la unión presupuestaria.
En una fase posterior, «la eurozona estaría en posición de pedir cambios en las dotaciones presupuestarias (nacionales) si vulneran las reglas presupuestarias».
El proceso para emitir deuda conjunta «se basará en criterios y fases». El documento menciona varias alternativas, como euroletras a corto plazo o un fondo de rescate para amortizar la deuda de los Estados miembros que supere el 60% del PIB. La última fase será la creación de una «oficina del Tesoro» europea.
Los cuatro mandatarios piden además avanzar en la integración económica en políticas como «movilidad laboral o coordinación de impuestos. Y reclaman «medidas para reforzar la capacidad política y administrativa de las instituciones nacionales». Finalmente, defienden reforzar la legitimidad democrática del proceso aumentando la participación en todas las fases de la Eurocámara y de los parlamentos nacionales.
Además, los cuatro mandatarios proponen dar al BCE poderes para supervisar e intervenir de forma preventiva en todos los bancos de la eurozona, no solamente los más grandes. La supervisión seguiría contando con un nivel nacional, pero «el nivel europeo tendría la responsabilidad última».
Además, piden crear un sistema europeo de garantía de depósitos para evitar retiradas masivas de dinero en los países más débiles y un fondo de liquidación prefinanciado por las entidades para gestionar la quiebra de entidades con problemas. Ambos estarían controlados por una autoridad de resolución europea.
El fondo de rescate de la UE «podría actuar como garante presupuestario tanto de la autoridad de resolución y de garantía de depósitos». Ello significa que podría intervenir directamente pero sólo para «cerrar ordenadamente las entidades no viables y proteger así a los contribuyentes», según el texto.