Pescanova ha sido declarada en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, mientras que Manuel Fernández de Sousa, presidente de la compañía gallega, ha sido apartado de la gestión de la empresa.
La razón dada por el Juzgado para esta última medida ha sido que «mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal». «Las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas, siendo el deudor sustituido por la administración concursal que se designará al efecto», según consta en el auto.
En este sentido, el juzgado explica que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o una persona nombrada por ésta. Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de cinco días para confirmar si acepta o no ese cometido.
En el auto, el juez afirma que Pescanova ha incumplido su deber de formular las cuentas de 2012 en el plazo indicado y el de presentar los estados financieros del segundo semestre ante la CNMV, así como la «existencia de discrepancias relevantes» entre la documentación enviada inicialmente con la solicitud del concurso y la subsanación posterior, relativas a los cambios en la participación accionarial del socio mayoritario, al pasivo total reconocido (una diferencia de casi 88 millones) o los desencuentros en el seno del consejo de administración sobre una decisión de «tal trascendencia» como la solicitud de un concurso de acreedores.
Por ello, considera «sin temor al equívoco», que «mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad, en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal».
Así, entiende que, para mantener en lo posible la actividad y el empleo, y para satisfacer los intereses de los acreedores (más de 50, según reconoce la propia Pescanova), se exige una «voluntad única y eficaz» que «puede verse mejor desempeñada por la administración concursal».
El juzgado señala que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la CNMV o una persona nombrada por ésta. Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de 5 días para confirmar si acepta o no ese cometido.
A partir de ahí, el administrador concursal tendrá un plazo de dos meses para elaborar su informe. Asimismo, según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber de comunicar sus créditos (para lo que tienen un mes).
La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el deber de «colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso».
El auto del juez Roberto de la Cruz señala que la solicitud de concurso cumple las condiciones exigidas y se acompaña de documentación que, pese a no completar la previsión recogida en la Ley Concursal, «sí resulta suficiente a los efectos de acreditar la situación de insolvencia actual».
El concurso se tramitará por procedimiento ordinario, ya que las cifras indicadas en cuanto al pasivo, activo y número de acreedores, «impiden absolutamente acudir al procedimiento abreviado».
Por otra parte, en la solicitud del concurso, Pescanova ha puesto de manifiesto su intención de pedir al administrador «autorización para retrasar la obligación legal de formular cuentas anuales». En el auto también se recoge que la empresa «no ha instado la liquidación de su patrimonio ni ha presentado propuesta anticipada de convenio».
Según han comunicado fuentes conocedoras de la situación de la compañía gallega, la deuda de Pescanova podría llegar a los 3.000 millones de euros, unos 1.500 millones más de lo que figura en el pasivo auditado, que es de 1.522 millones de euros al final del tercer trimestre de 2012.