El Gobierno dispondrá 19.300 plazas de empleo público este año

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El Gobierno dispondrá 19.300 plazas de empleo público este año

El Gobierno español dispondrá unas 19.300 plazas de funcionarios y contratados laborales para la Administración Central del Estado, de acuerdo con las estimaciones de los sindicatos UGT y CCOO.

Estos sindicatos prevén que se convocarán 10.501 plazas de turno libre o de nuevo ingreso en la Administración; 5.997 plazas de promoción interna para facilitar los ascensos; y otras 2.883 de estabilización para convertir empleos temporales en indefinidos. A esas plazas se debe sumar un plan extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugio de inmigrantes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios sitúa la cifra total de plazas en 17.500. La diferencia respecto a las cifras que ofrecen CCOO y UGT es que estas organizaciones sindicales incluyen en las 10.000 plazas de nuevos ingresos unas 1.800 que estaban previstas para este año, pero que se adelantaron a 2017 por necesidades de varias administraciones.

Este año, la oferta pública de empleo forma parte de los acuerdos a los que llegaron este lunes la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y los sindicatos de la Función Pública, CSIF, UGT y CCOO.

En una rueda de prensa la ministra agradeció el “trabajo y esfuerzo” de los sindicatos para alcanzar estos acuerdos.

La ministra ha señalado que los detalles de la oferta se publicarán el viernes, después de que sea aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que la cifra estimada por los sindicatos podría variar.

Por otro lado, el pacto incluye la decisión del Ejecutivo de restaurar todo el salario a los trabajadores que estén de baja laboral. En el año 2012, el Gobierno rebajó la retribución de los empleados públicos al 50% del salario, en los cuatro primeros días de baja, y el 75% de la retribución, entre el cuarto y el vigésimo día de falta al trabajo. A partir de ese momento, el trabajador tiene derecho a cobrar todo el salario.

Batet considera que estos acuerdos suponen “recuperar derechos perdidos en tiempos de crisis” y “mejorarán la calidad del empleo en términos generales”.

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