PP, PSOE y Sumar llevarán este jueves a la Comisión de Sanidad del Congreso una enmienda transaccional para reforzar la confidencialidad de los precios reales de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa se debatirá durante la tramitación de la proposición de ley sobre el programa de cribado neonatal y coincide con un litigio pendiente ante el Tribunal Supremo sobre la obligación de hacer públicos los importes finales negociados entre la Administración y las compañías farmacéuticas.
Una enmienda para mantener la reserva
La propuesta acordada por los tres grupos parlamentarios busca establecer que los acuerdos de financiación de medicamentos, así como la información relacionada con su aplicación, tengan carácter confidencial.
La medida incluiría los precios de adjudicación de los contratos de suministro de fármacos firmados por las administraciones públicas. Según el texto de la enmienda, estos datos no podrían ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que formen parte de los acuerdos.
El objetivo es consolidar legalmente la reserva sobre los importes reales pagados por los medicamentos, especialmente en aquellos casos en los que existen descuentos o condiciones económicas que no aparecen reflejadas en los precios publicados oficialmente.
El riesgo de una divulgación internacional
España mantiene precios de medicamentos más bajos que otros países europeos en numerosos tratamientos financiados públicamente. Esta circunstancia se debe, en parte, a las negociaciones que realiza la Administración con los laboratorios farmacéuticos para reducir el coste de los fármacos.
La preocupación de los grupos que respaldan la reforma es que la difusión de los precios finales pueda influir en otros mercados. Países como Alemania, Francia o Reino Unido podrían exigir a las farmacéuticas condiciones similares a las pactadas en España, lo que podría modificar la posición negociadora de los laboratorios y de la Administración española.
La proposición de ley se tramita por el procedimiento de urgencia, por lo que los plazos parlamentarios se reducen a la mitad. Además, si la Comisión de Sanidad aprueba el texto, la norma no tendría que ser debatida posteriormente en el Pleno del Congreso.
El conflicto por el precio de Luxturna
El debate legislativo llega mientras el Tribunal Supremo estudia un caso iniciado en 2021 a raíz de una solicitud de la organización Civio. La entidad pidió al Ministerio de Sanidad acceder a la resolución que fijó el precio y las condiciones de financiación de Luxturna, un tratamiento de Novartis para la distrofia retiniana hereditaria.
La petición buscaba conocer el coste real asumido por el sistema público, ya que el precio recogido en las actas de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos no incluiría los descuentos aplicados posteriormente.
Tras no recibir respuesta dentro del plazo establecido, Civio presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El organismo estimó la solicitud y ordenó al Ministerio tramitarla, dando audiencia también a la compañía farmacéutica.
Sanidad y Novartis recurrieron la decisión
El Ministerio de Sanidad y Novartis se opusieron a facilitar la información. Ambas partes defendieron que los datos estaban protegidos por la normativa sobre garantías y uso racional de los medicamentos, que reconoce la confidencialidad de la documentación aportada durante la negociación de precios y financiación.
También alegaron los límites previstos en la Ley de Transparencia para preservar secretos comerciales o industriales. Sin embargo, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid rechazó en 2023 el recurso presentado por Sanidad y la farmacéutica.
La resolución consideró que no se había demostrado un perjuicio concreto para los intereses económicos o comerciales de las partes y puso en valor el interés público vinculado al uso de recursos públicos.
La Audiencia Nacional también desestimó posteriormente la apelación. El caso ha llegado ahora al Tribunal Supremo, cuya sentencia podría tardar hasta dos años y fijar un criterio relevante sobre el acceso a los precios reales de los medicamentos financiados por el sistema público.
