La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone una renta mínima estatal que reduciría hasta un 60,4% la pobreza severa en España, que llegaría a 1,8 millones de hogares y sería compatible con el empleo.
Así lo sugiere en un informe en el que analiza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, en febrero de 2017 y a propuesta de UGT y CCOO, tomó en consideración el Parlamento de España para establecer una prestación de ingresos mínimos.
Esta propuesta de los sindicatos presenta, según la AIReF, un «elevado coste» fiscal (más de 7.000 millones de euros) en relación con la reducción de pobreza severa que sería del 27,6% y con el número de hogares a los que alcanzaría (1,1 millones).
Por el contrario, las propuestas alternativas de la AIReF tienen un menor coste fiscal, unos 1.500 millones de euros menos, al que hay que añadir un ahorro de en torno a 2.000 millones por la supresión de duplicidades. Además, presenta mejores resultados en términos de reducción de la pobreza severa, hasta un 60,4%.
Este nuevo sistema, según precisa la AIReF, debería introducirse de manera gradual a lo largo de 3 años, lo que supondría anualmente una décima más de déficit estructural, «cuya compensación con otras medidas resulta factible».
Para el acceso a esta prestación, la AIReF propone establecer como requisito principal la renta del hogar, marcando tramos de renta, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, plantea hacer la prestación compatible con el empleo, permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral.
«Se eliminaría el requisito de inscripción como desempleado y se permitiría la compatibilidad de la prestación con el empleo, actuando así como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente», subraya.
En cuanto al diseño institucional, sugiere: simplificar el sistema de rentas mínimas, evitando el solapamiento entre las prestaciones de diferentes administraciones; asegurar la complementariedad con otras políticas activas de empleo y la prestación de servicios sociales complementarios, y establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales.
«La prestación, que se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva, podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales», señala el informe. Asimismo, propone establecer como requisito la inscripción en la Agencia Tributaria para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude.