Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, va a defender hoy ante el Pleno del Congreso los tres decretos ley aprobados por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria por la expansión del virus Covid-19.
Según fuentes del Ministerio, será la vicepresidenta tercera la que explique a la Cámara este primer plan de choque, en tres decretos aprobados en apenas una semana, y que se debatirán de forma acumulada en un solo debate.
Previsiblemente, el Gobierno contará con el respaldo de la Cámara, pues además de los votos de PSOE y Unidas Podemos, formaciones que sostienen el Gobierno, PP y Ciudadanos ya han avanzado su voto favorable a las tres normas.
Calviño intervendrá ante un Hemiciclo del Congreso semivacío, con unos 45 diputados de 350 por las precauciones adoptadas por los grupos parlamentarios ante la pandemia de coronavirus, que ha sido convocado para convalidar dos decretos leyes a punto de caducar –el de medidas urgentes para el campo y la derogación del despido por bajas acumuladas– y para debatir y votar la propuesta del Gobierno para prorrogar hasta el 12 de abril la vigencia del Estado de alarma.
Para afrontar las consecuencias de la expansión del coronavirus, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 10 de marzo un primer decreto ley para considerar como baja laboral las personas en aislamiento preventivo y contagiadas, y en el mismo se prorrogó cuatro años la moratoria antidesahucios por hipoteca aprobada por Mariano Rajoy, además de otras medidas relacionadas con la Sareb y la conversión a bancos de entidades financieras.
Dos días después, el Ejecutivo celebró un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un segundo decreto ley, con medidas dirigidas a reforzar el sector sanitario y apoyo a las empresas para movilizar 18.225 millones de euros durante este año.
Ese decreto incluyó la flexibilización del aplazamiento de pago de impuestos a autónomos y pymes, una línea de financiación específica a través del ICO en el sector turístico y la amplicación de las bonificaciones a la Seguridad Social en este sector ya vigentes por la quiebra de Thomas Cook.
Por último, y tras decretar tres días antes el Estado de alarma en el país, el 17 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un tercer decreto ley con la intención de movilizar hasta 200.000 millones de euros, entre avales públicos y privados a empresas y autónomos, financiación directa y medidas de protección social, para afrontar la crisis.
Entre otras medidas, con este decreto el Gobierno decidió flexibilizar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) en las empresas, se habilitó el cobro de una prestación de un mínimo de 661 euros a los autónomos obligados a cerrar su negocio o que hayan visto caer un 75% su facturación, y se aprobó una morotaria en los pagos de hipotecas, además de prohibir el corte de suministros básicos, como agua, luz, gas y los servicios de telecomunicaciones, a los colectivos vulnerables.