El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que recoge la creación de un banco de pruebas («sandbox«), en el que las empresas financieras tecnológicas testarán sus productos antes de lanzarlos al mercado, pero no verá la luz por la disolución de las Cortes.
El anteproyecto de Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero ha sido validado en primera vuelta y ahora deberá recibir informes técnicos antes de ser aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros, trámite que quizá ni concluya en esta legislatura.
Tampoco llegará a entrar en el Congreso por la disolución de las cámaras ni podrá tramitarse en la Diputación Permanente, que sólo tiene facultades para actuar sobre decretos-leyes, según el Reglamento del Congreso.
Además del «sandbox», el anteproyecto establece la aplicación del principio de proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ámbito financiero, para que quede garantizado que los requisitos exigidos sean proporcionales a los riesgos asociados a cada actividad, asegurando la igualdad de trato de todas las entidades.
La igualdad de trato entre las entidades financieras y los gigantes tecnológicos es una reclamación recurrente de la banca, que considera que compite con desventaja puesto soporta requerimientos estrictos (de capital, de solvencia…) que no deben cumplir las grandes empresas nacidas en internet.
El «sandbox» es un banco de pruebas que permite a las empresas que trabajan en nuevos desarrollos y modelos de negocio financieros innovadores lanzar y testar sus productos en un entorno controlado antes de su comercialización, con el respaldo de los reguladores y sin que los potenciales riesgos afecten al consumidor final.
Habrá un sistema de ventanilla única para que empresas tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación y otros promotores interesados presenten sus proyectos.
Los proyectos deberán estar suficientemente avanzados y tendrán que demostrar que aportan valor añadido en aspectos como la mejora del cumplimiento normativo y de la protección a la clientela, el aumento de la eficiencia o la mejora de la calidad en la prestación de servicios financieros.
Puede servir también de banco de pruebas para los legisladores y reguladores puesto que permite hacer un seguimiento de la actividad para desarrollar la regulación futura y para mantener a los consumidores a salvo de los riesgos que pudieran entrañar este tipo de productos.
De haber salido adelante, España se hubiera convertido en el primer país de habla hispana en ponerlo en marcha y uno de los pioneros en Europa, y se situaría estratégicamente como plataforma europea e internacional para empresas emergentes («start up»).