Este martes, España retoma las subastas de renovables, después de que no se haya celebrado ninguna desde las dos últimas que tuvieron lugar en 2017. En esta primera puja, el cupo que sale a adjudicación asciende a 3.000 megavatios (MW).
A diferencia de esas dos últimas subastas celebradas en España, que eran neutrales tecnológicamente (todas las tecnologías -eólica, fotovoltaica y otras- competían juntas), esta vez se reservan cupos por tecnología, de forma que 1.000 MW serán para la fotovoltaica, otros 1.000 para eólica terrestre y quedarán 1.000 MW liberados de restricción tecnológica, con lo que podrán optar a ellos cualquier tecnología.
En la subasta pueden participar tanto instalaciones nuevas como otras ya existentes para su ampliación que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de éste, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
La subasta de este martes inaugura un nuevo sistema para conseguir maximizar el ahorro en la factura eléctrica y establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición al mercado.
Ese porcentaje de ajuste de mercado se fija en un 25 % para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5 % para las que no dispongan de dicha capacidad.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestre y marina, e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50 % del cupo del producto (1.500 MW).
Los participantes en la subasta deben presentar un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
El Gobierno prevé subastar, al menos, 19,44 gigavatios (GW) de potencia renovable hasta 2025 -8.500 MW de potencia eólica, 10.000 MW de fotovoltaica, 500 MW de termosolar, 380 MW de biomasa y 60 MW de otras tecnologías, como biogás, hidráulica o mareomotriz-.