La UE intenta avanzar hacia la unión bancaria en la Eurocumbre que comenzó este miércoles y que continúa hoy en Bruselas. El motivo principal es el interés de Alemania por alcanzar un acuerdo sobre el Mecanismo Único de Resolución, lo que significaría un paso importante hacia la misma.
La canciller alemana, Angela Merkel, llega a Bruselas con «espíritu constructivo», según informaron fuentes del Gobierno alemán a los medios germanos. Según estas informaciones, esto se traduciría en tres líneas rojas: 1. El Mecanismo Único de Resolución solo se encargaría de los 128 grandes bancos de la zona euro que el año serán supervisados directamente por el BCE; 2. Todo desembolso de dinero público comunitario debe ser aprobado por el Parlamento alemán; 3. En caso de recapitalización de entidades insolventes todos los acreedores de la entidad deben asumir pérdidas antes de que entre un solo euro de dinero público.
Para no traspasar estas líneas rojas, el resto de países deberá asumir una rebaja en la propuesta inicial de la Comisión Europea, que se atribuía a ella misma la decisión última de liquidar una entidad, proponía la creación de un gran fondo de resolución financiado por los bancos pero con red de seguridad pública y que afectaba a los 6.000 bancos de la zona euro.
Otro de los asuntos a debatir es la velocidad con la que hay que llegar a ese Mecanismo Único de Resolución. La propuesta inicial de la Comisión Europea planteaba la creación inmediata de la Autoridad y el Fondo de Resolución. Pero Alemania se negó, alegando que un mecanismo como el que sugería el Ejecutivo comunitario no era compatible con los actuales Tratados. Por ello sugería afrontar el asunto en dos fases.
En primera, una red de mecanismos de resolución nacionales se coordinaría para aplicar de la forma más homogénea posible ciertos criterios para liquidar entidades. En la segunda, se podría unificar el Mecanismo, aunque Berlín se mostró reticente a que la decisión última recayera en la Comisión.
El Gobierno español, al ver la negativa de Alemania a avanzar, se desmarcó pronto de la propuesta de la Comisión Europea y pidió un enfoque gradual. Poco después, el servicio legal del Consejo Europeo aseguró que la propuesta inicial de Michel Barnier, comisario de Mercado Interior encargado del proyecto, necesitaba modificaciones importantes para ser legal. El Ejecutivo comunitario admitió entonces que tal vez sería necesario pasar al sistema de dos fases.
Sin embargo, Bruselas sigue descartando la red de mecanismos que propone Alemania y en su lugar, sugiere asumir ella la autoridad de resolución en una primera etapa y ceder el testigo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en una segunda. El objetivo de los Veintiocho es llegar a un acuerdo sobre estos detalles antes de fin de año, para luego pactar una posición común con el Parlamento Europeo, que tiene derecho de veto de facto en esta materia.
Pero al margen del Mecanismo Único de Resolución, los Estados y la Eurocámara tienen otras normativas clave en cartera, como la Directiva de Resolución y Recuperación Bancaria (DRRB) y la herramienta de recapitalización directa de bancos por parte del MEDE.
Toda esta legislación está relacionada, ya que, por ejemplo, cuanto más grande sea la quita a aplicar a los acreedores de las entidades en caso de quiebra (algo que tiene que definir la DRRB), más pequeño puede ser el fondo del Mecanismo Único de Resolución.
Los líderes de la UE se plantean utilizar los fondos estructurales para financiar la formación tecnológica de los jóvenes y desempleados, según se desprende también del borrador de conclusiones de la Eurocumbre. El documento cifra en 300.000 los puestos de trabajo del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que no pudieron ser cubiertos en el año 2011, y advierte de que si esta tendencia no se revierte la cifra podría alcanzar las 900.000 vacantes en 2015.
Para corregir esta situación, el borrador propone una serie de medidas. La primera: «Parte de los fondos estructurales y de inversión europeos (2014-2020) deben ser usados para educar en las TIC, apoyo al reciclaje laboral y educación vocacional y formación en TIC, incluido en el contexto de la Iniciativa de Empleo Juvenil».
Con este plan, los líderes de la UE se estarían comprometiendo a redirigir hacia este tipo de medidas parte de los fondos estructurales que recibirán del presupuesto europeo entre 2014 y 2020. Según algunas estimaciones preliminares, España podría recibir unos 26.000 millones de euros en fondos estructurales en esos siete años.
Sobre la Iniciativa de Empleo Juvenil, una de las medidas para combatir el desempleo, los líderes de la UE se comprometen a acelerar los esfuerzos para que los primeros desembolsos puedan efectuarse en enero de 2014. Se trata de 6.000 millones de euros, de los que España recibirá 1.850 millones, para apoyar a los jóvenes a encontrar trabajo. Una de sus medidas estrella es la Garantía de Empleo Juvenil, que tratará de ofrecer a los jóvenes desempleados un trabajo, una beca remunerada o formación.
El borrador también apunta que los líderes de la UE debatirán la propuesta de Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, de crear una serie de contratos bilaterales entre los Estados miembros y las autoridades europeas, por los que los países se comprometerán a hacer reformas a cambio de apoyo financiero: «Se trabajará para fortalecer la coordinación de la política económica, incluido las principales características de los acuerdos contractuales y mecanismo de solidaridad asociados», afirma el documento. Sin embargo, fuentes diplomáticas aseguran que solo se tratará de forma tangencial y que las decisiones en este sentido se adoptarán en la Eurocumbre de diciembre.
La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones propusieron antes del verano un plan para reactivar el crédito a las pymes europeas, especialmente en los países más afectados por la crisis. La propuesta ofrece tres alternativas, que van desde simples avales con fondos europeos y compra de titulizaciones de nuevos préstamos a pymes, hasta un sistema de mutualización de riesgos entre los países de la UE.
En opinión de Bruselas, 10.500 millones de euros en fondos estructurales traerían consigo la movilización de préstamos bancarios a pymes por valor de hasta 100.000 millones de euros. Para ello, sería necesario que los Estados miembros de la UE transfirieran parte de sus fondos estructurales a los países periféricos (España, Italia, Grecia y Portugal). Según fuentes diplomáticas, los Veintiocho solo han logrado un acuerdo sobre la posición más conservadora.