España plantea un eurofondo de garantía de depósitos

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España plantea un eurofondo de garantía de depósitos

España ha planteado desbloquear las negociaciones para crear un fondo europeo de garantía de depósitos, dejando abierta la posibilidad de que solo los países que hayan saneado los balances de sus bancos puedan beneficiarse de la protección del mecanismo.

Esta posibilidad quedaría incluida en la propuesta que Román Escolano, el ministro de Economía, ha enviado a Bruselas, según indica una fuente del Ministerio.

La fuente ha explicado que se trata de un documento con la aportación española al debate sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria. En principio, los 19 miembros de la zona euro deberían pactar una hoja de ruta con una serie de compromisos clave en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del 28 y 29 de junio.

Las negociaciones para crear este eurofondo (conocido por su acrónimo inglés EDIS) llevan atascadas prácticamente desde que la Comisión Europea lo propusiera formalmente en noviembre de 2015. La idea original es que todos los bancos de la zona euro contribuyan a un bote común y que este sea el encargado de garantizar los primeros 100.000 euros de cada cliente en caso de quiebra de una entidad, sea cual sea su nacionalidad. Pero países como Alemania, Holanda o Finlandia se han negado a compartir más riesgos bancarios hasta que el resto de países no haya saneado los balances de sus entidades.

La estrategia de negociación actual tiene varios problemas. Uno es que no está claro cuándo la reducción de riesgos va a ser suficiente, ni hay una fecha límite acordada para poner en marcha el eurofondo. Y otro es que la pasividad de países como Italia o Chipre a la hora de reducir sus créditos morosos frena el avance de todos.

El papel español propondrá fijar una fecha límite a partir de la cual el EDIS debería estar funcionando, pero condicionar su acceso a que los bancos de un determinado país hayan saneado los activos tóxicos generados hasta la creación de la unión bancaria (finales de 2014). La lógica subyacente es que si la supervisión del sistema bancario es europea, la factura por los desaguisados que puedan surgir también lo debería ser. En cambio, para aquellos problemas generados antes de esa supervisión europea, la responsabilidad seguiría siendo nacional.

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